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Resumen de Noticias

Crisis por destitución de Gustavo Petro sacude cimientos de democracia colombiana
Bogotá sin Alcalde, un Alcalde sin Bogotá: Finaliza agitada semana política en Colombia
Desde la ONU hasta Estados Unidos terminaron involucrados en el tema

Bogotá D.C., Diciembre 13 de 2013. Sala de Redacción. Esta semana que culmina se inició en Colombia con una noticia que no solo estremeció la capital sino que hoy por hoy sume al país en la incertidumbre política. El tema no es solo la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Francisco Petro Urrego, por cuenta de una decisión disciplinaria adoptada por el Procurador Alejandro Ordoñez Maldonado, sino que involucra aspectos fundamentales para la vida democrática colombiana como el límite del poder del Procurador, el pulso entre una sociedad dividida entre la derecha y la izquierda, los Diálogos de Paz gobierno – guerrilla, las garantías para la oposición, el limite al ejercicio de derechos fundamentales como la protesta, la libertad de opinión y de expresión y la libertad de prensa. Como en 1991, Colombia podría estar deslizándose hacia un nuevo escenario social y político donde el asunto Petro es solo un antecedente.



Al lado de la participación de la Selección Colombia en el Mundial de Futbol de 2014, la destitución del Alcalde Petro, es tema recurrente entre los ciudadanos de a pie desde cuando se conoció la decisión del Procurador Ordoñez.

Algunos taxistas por ejemplo, coinciden en que Petro sale de la Alcaldía Mayor de la ciudad más grande e importante de Colombia, porque desafió los poderes ocultos de la “aristocracia” criolla y de
los corruptos como los polémicos Primos Nule, pero también en que Petro no hizo una buena gestión frente al cargo y empiezan a señalar deficiencias en la movilidad de la ciudad, por ejemplo.

Otras personas señalan que el paso de la izquierda por la capital solo contribuyó al caos institucional y enseñan la proliferación de vendedores ambulantes en las calles, el aumento de la inseguridad, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que presuntamente permitiría prostíbulos en los barrios residenciales y concluyen señalando que Colombia es un país “conservador” y que el discurso de Petro recordaba preocupantemente a Venezuela.

“La izquierda y los subsidios populistas contribuyen a la pobreza y la vagancia”, se sentencia lapidariamente junto al trillado “Aquí se necesita es un gobierno de mano dura”, algunos incluso mencionan los beneficios de la existencia de los denominados “Grupos de Limpieza” para “controlar” la indigencia en las calles. Se trata de gente del común, la que encuentras en el supermercado o en el cine del Centro Comercial.

Medios de comunicación comerciales como RCN, uno de los monopolios de medios más grande del país, de propiedad del multimillonario Carlos Ardila Lulle, claro partidario del líder de la ultraderecha Álvaro Uribe Vélez, desliza soterradamente críticas a la administración de Gustavo Petro en los horarios Premium de su noticiero nacional, atizando a los descontentos en forma casual e inocente como cuando en la transmisión de la mañana del pasado jueves 12 de diciembre, presentaron una nota sobre la cicloruta construida en la Carrera 50, una avenida principal de la ciudad. Entrevistaron a los conductores que se quejaron de los frecuentes trancones que la cicloruta ocasiona. La conclusión es que la administración Petro le quitó vías a los carros para dárselas a las bicicletas contribuyendo con el caos de la ciudad.

La periodista entrevistó a algunos ciclistas que defendieron la obra recientemente inaugurada y que tiene tan enfurecidos a los conductores, luego anunció que habían instalado una cámara para evaluar el uso dado a la cicloruta. En la mañana, decía la periodista de RCN, los ciclistas usaban la cicloruta, en las horas finales de la tarde también la usaban, pero en las horas intermedias el tránsito de bicicletas disminuía. Tras el cierre de la nota la presentadora Jessica de la Peña, sonrió y dijo “Yo soy una de las damnificadas del problema”, y su compañero de set concluyó señalando que él también era afectado. Pero nadie comento que la mentada cicloruta era más usada al inició y al final del día coincidiendo con los desplazamientos de centenares de capitalinos desde sus hogares a sus trabajos y viceversa, y que las horas de “poco uso” se debían a las horas en que sus usuarios se encontraban en sus lugares de destino.

En la radio, también propiedad de los grandes conglomerados de la información, la situación tampoco parece ser distinta.

Pero los comentarios o la forma como se reciben cambian según el lado de la ciudad en que se encuentre el oyente o según la clase social consultada.

La gente no comprendió el modelo político de Petro para la ciudad, dicen algunos, lo que pasó es que la ultraderecha lo quiere sacar del camino para cerrarle toda oportunidad a la izquierda en Colombia, dicen algunos transeúntes al sur – occidente de Bogotá.

Una vendedora ambulante decía que “esta administración si ha dejado trabajar” y se muestra conforme con la forma como el IPES, la entidad distrital a cargo del comercio informal, dispuso mini carpas para dejarlos trabajar en las calles, incluso allí cerca en un poste, un letrero escrito a mano en una hoja reza “Petro se queda”.

Un habitante de calle, (indigente), que cuida carros en una calle preguntó consternado “¿Cierto que al Alcalde no lo sacan?, él no ha cometido pecado alguno”.

Una funcionaria distrital, antigua desplazada por la violencia paramilitar, indicó “No se trata de Petro, se trata de la izquierda colombiana. Uno puede no estar totalmente de acuerdo con el Alcalde, pero el problema es lo que significa su destitución. Es la contrarrevolución, es la retoma.”, sentenció. Un joven muy bien vestido en traje de corbata, se declaró sorprendido con la noticia, y pese a la brecha social que parecía separarlo de los otros partidarios de Gustavo Petro, se confesó convencido de que era una jugada de la derecha.



Panorámica de la ciudad de Bogotá.

De todas formas, sin importar lo que piensa la gente en las calles de Bogotá, una ciudad de 1775,981 km² de extensión total y 7.674.366 habitantes, el Alcalde Petro, es recurrente en las conversaciones espontaneas.

En el marco de esta situación, el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, militante de izquierda y reconocido detractor de Álvaro Uribe Vélez, el ex presidente símbolo de lo más radical de la ultraderecha colombiana, afronta una investigación disciplinaria por parte del Procurador Alejandro Ordoñez, similar a la que concluyó con la destitución y la inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos que afectó a Gustavo Petro, o la de la ex Senadora Piedad Córdoba, a quien también se le decretó la muerte política por sus presuntos nexos con las FARC. Córdoba, una activista por la liberación de los secuestrados, fue sancionada con la destitución y una inhabilidad de 18 años.

En un comunicado expedido este jueves, Humar Rights Watch, se refirió a la investigación del Procurador contra Cepeda Castro, y señaló: “Nos resulta particularmente preocupante que la investigación impulsada por su oficina no sólo no pareciera estar justificada, sino que además podría tener un impacto inhibitorio entre funcionarios públicos y otros actores que están comprometidos con la justicia por violaciones de derechos humanos”.

Y es que resulta paradójico que haya sido el Procurador Alejandro Ordoñez, un connotado hombre de derechas, católico radical y de férreas convicciones radicales, el que “sacó” del panorama político del país a dos de los líderes de la izquierda colombiana más llamativos publicitariamente hablando y más recalcitrantes contradictores de Uribe Vélez, y ahora este investigando a Iván Cepeda, el otro líder opositor más “frentero”. Cepeda anunció que acudirá ante tribunales internacionales para denunciar la persecución política de la que estaría siendo víctima por parte de Ordoñez, un reconocido amigo de Uribe Vélez.

Pero al gobierno colombiano no le sienta para nada bien que las pugnas entre derecha e izquierda salten a los escenarios internacionales, por eso cuando el designado Embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, se refirió a la destitución del Alcalde Petro diciendo que esa decisión del Procurador Ordoñez, era erosionar los Diálogos de Paz, de la Habana, el gobierno del centro – derechista, Juan Manuel Santos Calderón, anunció a través de la Cancillería, su descontentó y recordó que los diplomáticos deben abstenerse de opinar sobre los asuntos internos de otro país. Para el gobierno colombiano, la comunidad internacional debe saber que en Colombia existen unos poderes con funciones claras e indiscutibles, como es el caso del Procurador Ordoñez, y recordó que tanto el Procurador como el Alcalde son funcionarios públicos por lo que no son bienvenidas opiniones de terceros.

Igual posición adoptó el gobierno de Santos Calderón, ante el anuncio hecho por Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de solicitar una entrevista con el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, para analizar el fallo sancionatorio contra Petro. En esta ocasión fue el Ministro del Interior Aurelio Iragorri Valencia, el encargado de manifestar la posición del gobierno al decir que “Que pidan una audiencia no le veo ningún problema pero que se inmiscuya en las decisiones de orden disciplinario, sí le veo problema”.

La posición del gobierno colombiano parece estarse anticipando a la avalancha de demandas que a nivel internacional pueda presentar el destituido Alcalde Petro, o sus partidarios, como ocurre con el abogado Carlos Rodríguez Mejía quien ya solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, medidas de protección a favor del emproblemado alcalde de Bogotá.

Otro escenario donde se libra la batalla por la permanencia en el cargo de Petro, pero especialmente porque no se le inhabilite por 15 años, es la Fiscalía General de la Nación. Eduardo Montealegre, el Fiscal, aseguró que revisará la decisión de Alejandro Ordóñez de destituir e inhabilitar al alcalde Gustavo Petro por 15 años por la implementación del nuevo sistema de recolección de basuras en diciembre de 2012, por lo que ordenó la inspección judicial a las instalaciones de la Procuraduría, específicamente a la oficina del procurador delegado Juan Carlos Novoa, para establecer "qué tipo de pruebas se practicaron y qué argumentos tuvo la Procuraduría para imponer la decisión"

Al parecer la diligencia judicial no se pudo llevar a cabo por cuanto el Alcalde Petro aún no se había notificado de la Resolución sancionatoria en su contra.

Así, mientras centenares de tutelas eran radicadas por ciudadanos en contra de la decisión del Procurador, argumentando que les han sido violados derechos como los contenidos en los artículos 7, 40, 85 y 98 de la Constitución colombiana y expertos constitucionalistas explican porque el Procurador “exagero” con la sanción impuesta a Petro, el grupo guerrillero de las FARC, censuró duramente al Procurador Ordoñez, e indicó que “Colombia no puede seguir a merced de un fanático y despótico representante de la derecha más retardataria del país que pretende sabotear todos los procesos democráticos”.

Y para completar un panorama bastante agitado, al menos 300 miembros de la Guardia Indígena del pueblo Nasa, anunciaron su intención de viajar desde el norte del departamento del Cauca hacia Bogotá para defender al alcalde Gustavo Petro, sumándose a la movilización general que el propio Alcalde convocó para hoy viernes.

Justamente, el que Petro convocará a las movilizaciones añadió otro ingrediente a todo este convulsionado panorama cuando el Personero de Bogotá, Ricardo Cañón dijo a los medios de comunicación que “La situación es delicada. Petro dice que va a marchar junto a sus subalternos coaccionándolos a que desobedezcan la constitución pública que juraron cumplir. No se puede permitir que los mismos servidores públicos rechacen estas decisiones y menos de esta manera”. Petro invitó en un discurso en la Plaza de Bolívar de Bogotá, a la ciudadanía a “vivir días de historia” y comparó la plaza de Bolívar de Bogotá con la de Tahrir, en El Cairo, Egipto. “Esto no es una manifestación más (...). Aquí comienza un movimiento popular (...) que sea capaz de detener a los enemigos de la paz”, dijo.

Cañón, quien es jerárquicamente el representante del Procurador Ordoñez en Bogotá enfatizó que investigará a los funcionarios que promuevan las marchas y a los que participen en ellas, “El Distrito tiene una planta de más de 50 mil personas entre funcionarios de planta y contratistas, lo que se experimentó fueron unas movilizaciones que salieron de las entidades, para el Personero de Bogotá esta situación es grave y se deben adelantar las indagaciones respectivas”, dijo.

Con información de: http://www.radiosantafe.com, http://www.rcnradio.com, http://www.elespectador.com, http://www.elcolombiano.com, http://www.semana.com, http://www.noticiascaracol.com/.

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