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Resumen de Noticias

Nuevo episodio de corrupción
Escandaloso caso de desfalco a los recursos de la Salud en Colombia
¿Pero eso es todo?

Bogotá D.C., Mayo 03 de 2011. Sala de Redacción. Un nuevo y pavoroso escándalo de corrupción fue develado el día de ayer en Colombia, sumándose al ya increíble dominó de casos similares que han puesto tras las rejas senadores, ex senadores, ex viceministros, contratistas, y varios personajes de la sociedad colombiana.



Ayer, el Presidente Juan Manuel Santos lanzó un anuncio escalofriante: Desde el mismo Ministerio de la Protección Social se habría fraguado un desfalco a los dineros de la salud que podría superar no millones, sino billones de pesos.

A través de un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Presidencia, se logró detectar a un grupo de funcionarios del Ministerio de la Protección Social que organizaron un verdadero grupo delictivo mediante el cual presentaron reclamaciones fraudulentas al Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA, que es con el que se financia la salud de los más pobres en Colombia.

Según el Presidente Santos, citado por El País, “Santos explicó que una modalidad consiste en “autorizarles los pagos a las EPS” que habían sido retenidos. En otras palabras, esto significa que el ‘cartel’ que se montó negaba el derecho de los pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del Plan Obligatorio de Salud (POS) y con esto desviaban el servicio y obligaban a un reembolso de la prestación de los servicios por el no-POS (por el que responde el Gobierno), lo que obligaba al Fosyga a disponer de los recursos y generar un doble cobro.”

El periódico El País, cita también a Santos cuando dijo: “Dentro de la revelación de los descubrimientos, el Presidente aseguró que hubo personas fallecidas que “recibían los beneficios; sobrecostos monumentales o personas que interponían una tutela para que les pagaran, ganaban la tutela, les pagaban, y resulta que esas personas nunca recibieron la plata, eran personas que estas mafias ponían sin que las beneficiarias se enteraran”.

Es de recordar que una Acción de tutela se instaura en contra de la EPS, o bien sea del contributivo o bien sea del subsidiado o, en caso de personas sin cobertura de salud en alguno de los regímenes, contra los Fondos Financieros, los cuales cubrían su costo de salud como participantes vinculados.

El fallo de tutela ordena a la EPS, EPS’S o Fondo Financiero, a entregar lo solicitado por el accionante y autoriza el recobro al FOSYGA.

¿Que es la Subcuenta ECAT del FOSYGA?

En el Documento de Trabajo: “Análisis de Conveniencia “Organismo Técnico Científico para la Salud”, Art. 3º Decreto – Ley 131 de 2010”, elaborado por la Gerencia de Control Social de ACCIÓN 13, (Otra dependencia de la Fundación ACCIÓN 13), elaborado en Febrero 5 de 2010, dentro del debate generado con la Emergencia Social del Presidente Álvaro Uribe, se lee:

“En primer lugar el Fondo de Solidaridad y Garantía conocido como FOSYGA es creado por el Art. 218 de la Ley 100 de 1993 como una cuenta adscrita al entonces Ministerio de Salud que se manejara por encargo fiduciario, (Actualmente lo maneja el Consorcio FIDUSALUD), sin personería jurídica ni planta de personal propia, de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la administración Pública de que trata el Articulo 150 de la Constitución Política.

El FOSYGA cuenta con una estructura consignada en el Articulo 219 de la Ley 100 de 1993, y está compuesto por cuatro Subcuentas: De compensación interna del Régimen contributivo, de solidaridad del Régimen de Subsidio en Salud, de Promoción en Salud y del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito según el Art. 167 de esta Ley.

El Art. 167 de la Ley 100 de 1993 habla de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito: “En los casos de urgencias generadas en accidentes de tránsito, en acciones terroristas ocasionadas por bombas o artefactos explosivos, en catástrofes naturales o en otros eventos expresamente aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, tendrán derecho al cubrimiento de los servicios médico – quirúrgicos, indemnizaciones por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial. El Fondo de Solidaridad y Garantía pagara directamente a la institución que haya prestado el servicio a las tarifas que establezca el gobierno nacional, de acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.”.

Así las cosas tenemos claro que la Subcuenta Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito, denominada también de Enfermedades Catastróficas o ECAT, tiene como destinación atender los casos de urgencias generadas en accidentes de tránsito, en acciones terroristas ocasionadas por bombas o artefactos explosivos, en catástrofes naturales o en otros eventos expresamente aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, tendrán derecho al cubrimiento de los servicios médico – quirúrgicos, indemnizaciones por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial.

Por ese motivo con la Subcuenta ECAT se financiaban los tratamientos No POS y se pagaban las tutelas… Cuando un juez ordenaba el recobro al FOSYGA era a la Subcuenta ECAT que se aplicaba el recobro, después de todo la Ley 100 de 1993 disponía claramente: “El Fondo de Solidaridad y Garantía pagara directamente a la institución que haya prestado el servicio a las tarifas que establezca el gobierno nacional, de acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.”.

“Según la Fiscalía, a través de empresas, intermediarias entre la EPS y el Ministerio de Protección y el Fosyga, se cobraban comisiones de entre 4% y el 6% por recaudo en medicamentos y tratamientos.

En las investigaciones se logró determinar que se pagaba un sobrecosto del 85% del reconocimiento de cada tutela, cuando, legalmente, se debía pagar sólo el 50% de estas.”

Por estas graves irregularidades, la Fiscalía General de la Nación, ordenó las capturas de Juan Carlos Lamus Rodríguez, Héctor Mauricio Poveda y Edgar Isaías, quienes al parecer eran particulares. A estos se suman los de Claudia Patricia Rojas Puerta, funcionaria del Ministerio de la Protección Social y Luis Martínez quien laboraba para una EPS., posteriormente, fueron ordenadas las capturas de Carlos Jorge Rodríguez, ex viceministro técnico del Ministerio de la Protección Social y Luisa Fernanda Bellini, ex directora de financiamiento.

Los cargos imputados a todos los capturados son concierto para delinquir, cohecho, prevaricato por acción, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito.

El FOSYGA ha sido botín de rapiña desde tiempo atrás

En efecto, el FOSYGA ha sido un codiciado botín al quien han querido “Poner Mano”, varias personas a lo largo de los años.

En efecto, parte de los argumentos esgrimidos en Febrero de 2010 por la Gerencia de Control Social de ACCIÓN 13 contra la denominada Emergencia Social, del Presidente Álvaro Uribe Vélez y su Ministro y escudero, Diego Palacio Betancourt, fue el riesgo en que se ponían los dineros del Fosyga con la creación de una instancia burocrática que actuaria sin restricción alguna sobre esos dineros.

Este atentado contra el Fosyga, surgió mediante uno de los polémicos Decretos dictados durante la Emergencia Social:

El Documento de Trabajo: “Análisis de Conveniencia Organismo Técnico Científico para la Salud”, Art. 3º Decreto – Ley 131 de 2010”, elaborado por la Gerencia de Control Social de ACCIÓN 13, elaborado en Febrero 5 de 2010, decía: “Decreto Ley 131 de 2010, Artículo 3º.- “ORGANISMO TECNICO CIENTIFICO PARA LA SALUD. Crease el Organismo Técnico Científico para la Salud como el órgano estatal encargado de la regulación científica, inspección y vigilancia de la aplicación del método científico en el ejercicio de las profesiones de la salud que participan en la prestación del servicio público de salud, particularmente a través del desarrollo de referentes basados en evidencia científica, en el Plan Obligatorio de Salud y en las prestaciones excepcionales de salud. Este órgano tiene autonomía administrativa y técnica”

De la lectura de este Artículo se desprende lo siguiente:

El ORGANISMO TECNICO CIENTIFICO PARA LA SALUD, es una Entidad autónoma que se maneja en forma independiente en cuanto a su administración, funcionamiento y manejo de recursos. Es decir: No es una Entidad que se encuentre adscrita a ninguna otra y dispone su propio manejo. Decreto Ley 131 de 2010, Articulo 3º Inciso final: “Este órgano tiene autonomía administrativa y técnica”.

Creado con amplísimas facultades como “súper órgano” rector de la salud en Colombia, ese “Organismo Técnico Científico”, tenia además otra facultad muy peligrosa:

“Pero, además de esto, tiene la facultad de auto reglamentarse: “4.9. Darse su propio reglamento.”, lo cual viene a sumarse a su “autonomía administrativa y técnica”, para constituir una “súper instancia de la salud”… su máximo rector con plenas potestades.”

El documento elaborado por la Gerencia de Control Social, sigue su análisis del frustrado Decreto 131 de 2010, diciendo “Observemos también como se abroga funciones que antes tenía el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud creado en el Artículo 171 de la Ley 100 de 1993, las cuales, contenidas en el Artículo 172 de la misma norma, incluían muchas de las que actualmente tendría el Organismo Técnico Científico en Salud.

Pero la Ley 1122 de 2007, en su Artículo 3º creó otro ente para regular la salud en Colombia, se trata de la Comisión de Regulación en Salud, (CRES), como unidad administrativa especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al Ministerio de la Protección Social. Es decir, tres años antes de la creación del Organismo Técnico Científico en Salud, ya existía una Entidad que reunía las características de este, aunque no era una “Súper Entidad”, como el Organismo.

Ahora bien, la Ley 1122 de 2007 no eliminó el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, sino que lo dejo convertido en un asesor de la Comisión de Regulación en Salud, (CRES), y sus funciones pasaron a la CRES.

Ahora bien, obsérvese como por virtud del Decreto Ley 131 de 2010, se aumentó la “burocracia” y los gastos administrativos porque no eliminó a ninguno de los dos entes anteriores, (Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y CRES), sino que creó una tercera figura el Organismo Técnico Científico en Salud.

En efecto, la CRES, por virtud del inciso cuarto del Art. 1º del Decreto Ley 131 de 2010, es parte del Sistema Técnico Científico y recordemos que por el Parágrafo del Artículo 3º de la Ley 1122 de 2007 el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud es asesor de la CRES, por ende los tres organismos entran a coexistir en el Sistema.”

La composición de ese “Súper Ente Burocrático”, también era muy significativo:

“Composición del Organismo Técnico Científico en Salud: Este punto también es muy importante ya que este está integrado así:

1. El Ministro de la Protección Social, o su delegado.
2. El Ministro de Hacienda y Crédito público,
3. El Director de Conciencias o su delegado,
4. Tres profesionales, con amplia experiencia y calificación en los campos de la investigación en salud, en economía de la salud y en la aplicación de estas ciencias en la toma de decisiones de política en salud.

También llama la atención su periodo y forma de elección ya que, en cuanto a los tres profesionales arriba mencionados, estos son nombrados por la primera vez por el Presidente de la República para periodos de 4 años, reelegibles, y luego por cooptación entre los otros dos miembros del OTC. El procedimiento está consignado en los Parágrafos del Art. 6 del Decreto Ley 131 de 2010.”

Y, aquí es donde entra el Fosyga en escena: “En cuanto a la Financiación, esta se encuentra fijada en el Art. 8º de la norma así:

A) Para lo relacionado con las prestaciones excepcionales en salud: Con recursos destinados al FONPRES.

B) En lo relacionado con las prestaciones incluidas en el Plan Obligatorio de Salud: Con recursos excedentes de la subcuenta ECAT del Fosyga.”

El documento de la Gerencia de Control Social, que recogía el análisis jurídico del Decreto 131 de 2010, dictado al amparo de la Emergencia Social, llegaba, finalmente a interesantes conclusiones:

“Por ello resulta extraño que el Decreto – Ley 131 de 2010 haya cambiado esto y dicho que con los excedentes de la Subcuenta ECAT se financiará el Organismo Técnico Científico en lo relacionado con las prestaciones incluidas en el Plan Obligatorio de Salud.

Es extraño porque la Subcuenta ECAT fue creada para todo lo contrario, para prever la atención de aquellas contingencias de la vida del ser humano que obedecen al acaso como urgencias generadas en accidentes de transito, en acciones terroristas ocasionadas por bombas o artefactos explosivos, en catástrofes naturales o para atender enfermedades de alto costo o fallos judiciales que reclamen procedimiento no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (Otros eventos expresamente aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud).

Pero esto no es lo de resaltar. Recordemos que el Organismo Técnico Científico creado en el Decreto Ley 131 de 2010 cuenta con la facultad de auto reglamentarse: “4.9. Darse su propio reglamento.”, lo cual viene a sumarse a su “autonomía administrativa y técnica”, para constituir una “súper instancia de la salud”… su máximo rector con plenas potestades.

Pues bien, para resaltar aun más esa concepción de “súper poder” de la salud, dice el inciso final del Art. 8 del Decreto Ley 131 de 2010: “Los actos y contratos que celebre el Organismo técnico Científico para la Salud se sujetaran a las normas de contratación del derecho privado subsidiariamente con la de ciencia y tecnología”

Con esto el OTC evade el Régimen de Contratación de la Administración Pública, (Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios), con lo cual podría contratar omitiendo, entre otros, procedimientos como la licitación pública, por ejemplo, o incluso queda por fuera de la Veeduría Ciudadana, (Art. 66 de la Ley 80 de 1993).

Pero como si esto fuera poco, no se tienen antecedentes donde una entidad pública maneje su contratación por las normas con la de ciencia y tecnología (subsidiariamente).

¿Subsidiariamente?, ¿acaso no existe la Ley 80 de 1993 para llenar un vació del régimen de contratación privada?”

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En Marzo de 2010, manifestaciones masivas en las principales ciudades del país, se opusieron a la Emergencia Social en Salud orquestada por el entonces Ministro de Salud Diego Palacio Betancourt, también se pedía su renuncia. (Foto archivo de ACCIÓN 13)

Pero ahí no para el cumulo de situaciones extrañas que se gestaron durante la época de la denominada Emergencia Social.

En Junio 30 de 2010, El Tiempo, indicaba: “Por presuntas irregularidades en la firma y ejecución del contrato con una empresa que asesoró al Ministerio de la Protección Social, para la redacción de los decretos de la Emergencia Social, el titular de esa cartera, Diego Palacio Betancourt, deberá responder en un juicio disciplinario que le hará la Procuraduría General.”

Y esto por cuanto “El Ministerio Público argumenta que la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria ayudó en la redacción de los textos de la Emergencia Social y que esa labor constituye un conflicto de intereses, porque esa empresa es socia de la Nueva EPS. “, informó el diario colombiano.

"algunos miembros de la Asociación (Gestión Central Hospitalaria) hacían parte también de las juntas directivas de varias EPS, entre ellas, Salud Colpatria y la Nueva EPS. Ellos asesoraron al Ministerio en el diseño de los decretos de Emergencia Social". Según el pliego de cargos, un documento de 127 páginas, los asesores que hacían parte de la Asociación y de las EPS son Teresa Margarita Tono, de la Nueva EPS; y Carlos Julio Portocarrero Martínez y Augusto Galán Sarmiento, de Salud Colpatria.”

Estas acusaciones fueron, en su momento, enfáticamente negadas por Diego Palacio Betancourt, quien fuere Ministro de la Protección Social desde 2003 hasta 2010.

La investigación de la Procuraduría contra el ministro Palacio se inició por la denuncia instaurada por José Félix Patiño Restrepo, miembro de la Academia de Medicina.

A la investigación, aparte de Diego Palacio Betancourt, fueron vinculados, en ese entonces, dos altos funcionarios del Ministerio de la Protección Social, Luisa Fernanda Bellini Pérez, ex directora de financiamiento del Ministerio y Leonardo Cubillos Turriago, director general de Gestation de la Demanda en Salud.

Notas finales

Luisa Fernanda Bellini Pérez, ex directora de financiamiento del Ministerio de la Protección Social, fue una de las detenidas por el nuevo escándalo de corrupción.

La funcionaria fue nombrada en el cargo mediante Resolución Número 3618 del 5 de octubre de 2007, era ordenadora del gasto, y en 2010 fue vinculada por la Procuraduría a la investigación por presuntas irregularidades en el contrato 462 de 2008, “mediante el cual el Ministerio de la Protección Social accedió a los servicios de la asociación Centro de Gestión Hospitalaria, el cual fue contratado para asesorar a la cartera en el cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008, emitida por la Corte Suprema de Justicia y la elaboración de los decretos emitidos durante la Emergencia Social declarada por el Gobierno a finales de 2009 para buscar salidas al problema financiero del sistema de salud”, informaría Semana en esa época.

Luisa Fernanda Bellini Pérez, aunque tiene orden de captura, hasta ayer, aun no había sido detenida, lo cual se espera para próximas horas, según informó el general Oscar Naranjo, Comandante de la Policía Nacional, quien aseguró que, también más tarde, publicaría la lista completa de las personas contra las que se dicto orden de captura por el desfalco más grande contra la salud, cometido en Colombia.

En cuanto a Palacio, este forma parte de otros 15 altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, vinculados con la presunta comisión de delitos, para el caso puntual de Palacio, se le investiga por sus posibles vínculos con la denominada “Yidis Política”, es decir: El pago de sobornos para favorecer la segunda reelección del Presidente Uribe Vélez.

Palacio Betancourt, salió ayer en los medios afirmando que fue su gestión y el compromiso del Presidente Uribe en combatir la corrupción y hacer una administración transparente, la que generó las denuncias iníciales con las que, probablemente, se habían logrado las capturas y el descubrimiento del gigantesco desfalco a la salud.

En su momento, el sitio WEB de la Presidencia de la República, señalaba hablando de Palacio Betancourt, “Durante su gestión en el Ministerio se ha destacado por la vertiginosa ampliación de cobertura en régimen subsidiado para llegar con aseguramiento en salud a poblaciones vulnerables de diferentes regiones del país, el incremento en número de beneficiarios del programa de protección social al adulto mayor y en aprovechamiento al máximo de los recursos del sector para llegar a más hogares colombianos con los programas del Estado en materia de nutrición, vacunación, salud y capacitación, entre otros.”

Y, no se ha vuelto a escuchar nada sobre su presunta responsabilidad disciplinaria en el contrato con la asociación Centro de Gestión Hospitalaria, ni en lo relativo a la Procuraduría, ni en lo que se refiere a una investigación que había anunciado la Contraloría:

“Estamos iniciando las investigaciones sobre los contratos que han sido denunciados por algunos candidatos presidenciales y por la opinión pública y, en ese sentido, vamos a llegar al momento en que determinemos qué funcionarios serían los que tendrían que responder por cualquier tipo de irregularidad que se presente”, precisó el Contralor, Julio César Turbay Quintero, citado en la República en Febrero 24 de 2010.

Como dato final, curioso, esta que estando en campaña presidencial por su movimiento Cambio Radical, fue Germán Vargas Lleras, actual Ministro del Interior de Santos, quien reveló que el Gobierno de Uribe, contrató (por $725 millones), con la asociación Centro de Gestión Hospitalaria.

Todos los implicados en ese “mini” escándalo, negaron haber actuado en forma irregular, El Espectador, por ejemplo, publicó unas declaraciones de Augusto Galán, según las cuales este comentó “que fui contactado para dar luces en la orientación de los decretos, a título personal y ad honórem (sin remuneración)”.

Y, por su parte, Palacio, señaló “no hay un contrato orientado a que ninguna entidad externa entre a hacer la redacción de los decretos”.

El País, Fundación para el Desarrollo Comunitario ACCIÓN 13 / Gerencia de Control Social, El Tiempo, Semana, COLPRENSA, presidencia.gov.co, El Espectador, La República.


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