Resumen de Noticias

Crónica de ACCIÓN 13: Los protagonistas y sus hechos
Estudiantes de Colombia y Chile denuncian violaciones de derechos humanos
Coincidencias y diferencias en las protestas estudiantiles en Chile y Colombia
En ambos países se protesta contra modelos económicos en la educación, pero hay diferencias

Bogotá D.C. octubre 24 de 2011. Sala de Redacción. Mientras el presidente de la Asociación de Magistrados, Leopoldo Llanos, señaló el pasado sábado a una cadena radial que "estamos preocupados por esta situación porque se podría estimar que esto es una suerte de presión o derechamente una intimidación para que los jueces durante su desempeño se guíen por los criterios del Ejecutivo para ser posteriormente nombrados", refiriéndose a las presiones que estaría ejerciendo el derechista presidente Sebastián Piñera, para que los jueces condenen a los estudiantes detenidos durante casi medio año de vehementes protestas contra el modelo educativo imperante en el país desde la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet en el país austral, voceros de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), anunciaron que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el aproximado centenar de casos de supuesta represión desmedida por parte de la policía chilena, en las marcha que han protagonizado.

Pero la situación conflictiva entre derecha e izquierda que rodea los movimientos estudiantiles se vive también en Colombia donde líderes de las protestas se han dirigido ante el ministro del Interior del gobierno derechista de Juan Manuel Santos para pedir garantías para sus demostraciones de inconformidad.



(Foto Frente Defensa Salud)

Las revueltas mundiales vividas desde enero de este año, han evidenciado el descontento masivo contra modelos económicos y políticos imperantes a nivel global desde el siglo XIX y, con mayor énfasis, desde la segunda mitad del siglo XX.

Ese choque de conceptos entre la prevalencia de lo social o de lo económico, ha abierto un fuerte debate en dos países suramericanos, Chile y Colombia, ambos gobernados por dos exponentes de la derecha y movimientos estudiantiles que se oponen a los modelos educativos que pretenden imponer en sus respectivos países.

Las coincidencias que se dan en ambas naciones son grandes, pero guardan diferencias para nada sutiles.

Coincidencias




Los movimientos estudiantiles chilenos (arriba) y colombianos (abajo) iniciaron sus protestas casi al mismo tiempo (Fotos captura de Internet)

Desde abril de 2011, los movimientos estudiantiles de Chile y Colombia iniciaron su resistencia contra el modelo educativo que sus respectivos gobiernos tratan de imponer en las Universidades Públicas, las mismas que son mayoritariamente usadas por las clases menos pudientes económicamente.



Dos caras de la moneda: Los presidentes Sebastián Piñera (Chile), y Juan Manuel Santos Calderón, (Colombia), de un lado, y la líder estudiantil chilena Camila Vallejo del otro. (Fotos Wikipedia)

Ambos gobernantes son representantes de la derecha extrema en América Latina y de modelos económicos neoliberales.

En Chile, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, es un ingeniero comercial con un doctorado en economía, y dueño de una de las mayores fortunas de su país, con un capital estimado en 2011 en dos mil cuatrocientos millones de dólares, posicionándose en el lugar 488 en el mundo, y en el cuarto lugar a nivel nacional, según la revista Forbes.

Tiene 61 años y llegó al poder en 2009, por el partido de centroderecha denominado Renovación Nacional, (RN), el cual presidió desde 2001 hasta 2004 y que fue fundado el 29 de abril de 1987.

RN es catalogada como la “cara moderada” de la Alianza por Chile; coalición de partidos de derecha “tradicionalistas”, que se conformó en 1989, (Oficialmente en 2000), como una forma de “afrontar” el proceso de Transición a la Democracia que vivió Chile tras la caída del régimen autocrático y totalitario del General Augusto Pinochet, cuya dictadura tuvo origen, justamente, en los sectores más “tradicionalistas” de la sociedad chilena.

Piñera Echenique, es descendiente de una familia “aristocrática”, su madre era hermana del presidente Aníbal Pinto Garmendia e hija del presidente Francisco Antonio Pinto.

Aníbal Pinto Garmendia, fue uno de los aristócratas más importantes de su tiempo y reunía las más altas influencias de la sociedad chilena y argentina, fue presidente de Chile de 1876 a 1881.

Francisco Antonio Pinto y Díaz de la Puente, abuelo de Sebastián Piñera, fue un jurista y militar, presidente de Chile entre 1827 y 1829, proveniente de ricas y nobles familias de Portugal y España, y que desempeñó diversos papeles en los procesos de independencia de Chile y Perú.

Desde el siglo XIX, la familia de Sebastián Piñera ha estado vinculada con lazos estrechos al gobierno de Chile y a los sectores más aristocráticos y acaudalados de su país.

Otro tanto ocurre con el presidente Juan Manuel Santos Calderón, periodista, administrador de empresas y economista colombiano, de 60 años de edad, miembro de una de las más rancias y aristocráticas familias del país, propietarias de medios de comunicación impresos desde inicio del siglo XX, como el diario El Tiempo, y luego de la Casa Editorial de El Tiempo y el Canal de Televisión Privado CITYTV, aunque recientemente han cedido parte de sus acciones a inversionistas.

Su tío, fue Eduardo Santos Montejo, dueño del Periódico El Tiempo y presidente de Colombia entre 1938 y 1942, quien a su vez era sobrino nieto de María Antonia Santos Plata, prócer de la independencia de Colombia. Durante el gobierno liberal de Santos Montejo, uno de sus grandes logros fue propiciar la inversión extranjera en el país.

Su tío tatarabuelo fue Clímaco Calderón Reyes, presidente de Colombia entre el 21 de diciembre de 1882 y el 22 de diciembre de 1882.

Su tatarabuela Francisca Ricaurte Camacho, era sobrina nieta de José Joaquín Camacho y Rodríguez de Lago, quien fue presidente de Colombia entre el 5 de octubre de 1814 y el 21 de enero de 1815, además de prócer de la independencia colombiana.

Además de ese rancio abolengo firmemente unido a las elites más altas de Colombia y al gobierno del país, Juan Manuel Santos Calderón es primo en primer grado (primos hermanos) por parte paterna y materna del ex vicepresidente de Colombia durante los dos periodos consecutivos del Ex Presidente derechista Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos Calderón, quien actualmente es jefe de noticias de RCN radio, de propiedad del magnate colombiano Carlos Ardila Lulle, uno de los principales financiadores de las dos campañas presidenciales de Uribe Vélez.

Juan Manuel Santos Calderón fue representante, por nueve años, de la Federación Nacional de Cafeteros ante la Organización Internacional del Café en Londres, luego de lo cual regresó a la empresa familiar, siendo subdirector de El Tiempo, luego fue Ministro de Comercio Exterior durante el gobierno liberal de César Gaviria Trujillo en 1991.

En 2005, junto a Álvaro Uribe Vélez, fundó el Partido Social de Unidad Nacional, conocido como Partido de «la U», el cual presidiría hasta que, al asumir su segundo mandato, Uribe Vélez, lo designa Ministro de Defensa.

Otra coincidencia se da en cuanto al origen de las protestas estudiantiles en Chile y Colombia.

Chile tiene un millón de estudiantes de educación superior y 3,5 millones de escolares. La mayor parte del sistema está hoy en manos privadas, tras las reformas neoliberales impuestas por la dictadura de Augusto Pinochet.

Los movimientos sociales chilenos han definido el contenido de sus movilizaciones indicando que “Asistimos a una movilización de magnitud histórica, que supera reivindicaciones gremiales y expresa el rol cada vez más protagónico que las mayorías exigen tener en la definición del destino del país. Hoy nuestro anhelo es construir un sistema público de educación, gratuito y de calidad, que produzca más conocimiento, cultura y solidaridad en pos de un desarrollo integral, justo y sustentable para Chile, pero sabemos que para conseguirlo los ciudadanos se deben hacer presentes en la toma de decisiones, superando las barreras que impone esta democracia excluyente y antipopular.”

El vocero de la CUT Guillermo Scherping, señaló sobre el tema de la democracia imperfecta de Chile, que “una reforma constitucional. No es fácil en Chile porque seguimos teniendo la ley de la dictadura, la del sistema binominal que sobre representa a la derecha”.

Lo que ubica las protestas chilenas dentro del marco global de las protestas de los Indignados que reclaman una Democracia Real Ya.



Camila Vallejo (Fotos Wilson Dias y TobiasK)

En cuanto al tema de la educación chilena, Camila Vallejo, lideresa emblemática de las protestas, señaló que el modelo educativo se mantuvo durante los últimos 21 años, a pesar del retorno a la democracia, con la imposición de la hegemonía del mercado y el neoliberalismo.

"No ha sido tocado", concluyó la joven lideresa acerca del modelo derivado de los años de la dictadura pinochetista, y reiteró que ese era el problema de fondo de la crisis educacional.

En Chile los estudiantes terminan sus carreras siendo deudores de los créditos que los bancos, dueños de las universidades, les otorgan para financiar sus estudios.

El gobierno de Piñera, ha defendido las bondades del sistema educativo, señalando su desacuerdo con las reivindicaciones y protestas estudiantiles, "los paros que intentan paralizar nuestro país, y en los que todos saben que desgraciadamente aparecen los encapuchados que se aprovechan para destruir, no conducen a ninguna parte", y ratificó que las diferencias existentes entre su gobierno y los huelguistas se pueden solucionar "es con diálogo, con acuerdos y buena voluntad", y reiteró también que su gobierno "ha estado siempre con las puertas abiertas para dialogar con todos los sectores".

Piñera agregó en su momento que “Si le damos educación gratuita al 10% más favorecido de nuestra sociedad, lo que estaríamos haciendo es que el total de la sociedad, incluyendo los más pobres, con sus impuestos estarían financiando la educación de los más afortunados, y por tanto quiero hacer un llamado a alejarnos de las consignas y entrar al fondo del problema”.



Presidente Juan Manuel Santos Calderón y su polémica Ministra de Educación María Fernanda Campo Saavedra. (Foto Mineducacion.gov.co).

En Colombia, por su lado, el proyecto de Reforma Educativa que el presidente Santos Calderón, el cual presenta notables coincidencias con el sistema educativo chileno, ha sido fuertemente rechazado por los movimientos estudiantiles dado que consideran que se trata de una intentona por privatizar la educación pública en Colombia, contradiciendo el espíritu de la Constitución de 1991, y afectando gravemente a las poblaciones con menos recursos.

El componente más polémico contenido en la Reforma Educativa, el que permitía que inversionistas privados participaran en las Universidades Públicas colombianas, al igual que ocurre actualmente en Chile, fue retirado del texto del proyecto a iniciativa del propio Presidente Santos Calderón, a su regreso de un viaje a Santiago, en medio de las protestas estudiantiles, y una entrevista con Piñera en La Moneda, pero esto no ha disminuido lo anti popular de la iniciativa, derivando en un Paro Nacional Estudiantil indefinido.

Los líderes estudiantiles han sostenido que mantendrán el paro hasta que sea retirado el Proyecto de Reforma Educativa, lo cual ha sido rehusado por el gobierno de Santos, quien respondió con varios comerciales de televisión indicando que la Reforma trae nuevos créditos y subsidios para los estudiantes de más bajos recursos para que puedan acceder a las universidades, girando su argumentación en que existe desinformación por parte de los estudiantes sobre las notables bondades del proyecto.

La ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo Saavedra, señaló que "Para los años 2012, 2013 y 2014, habrá recursos adicionales por valor de 1.5 billones de pesos públicos adicionales para financiar la educación superior. Además, habrá recursos adicionales, de fuentes adicionales de financiamiento de origen público para este fin".

Sobre el retiro del componente de inversión privada en la educación pública, Campo Saavedra dijo a fines de agosto que “Luego del recorrido por diferentes escenarios del país del Proyecto de Reforma, y del análisis realizado el día de hoy por la Mesa de Unidad Nacional se llegó a la conclusión de que en estos momentos el componente de inversión privada con ánimo de lucro en el sector no debe incorporarse porque no están dadas las condiciones”

Cuando se iniciaron en abril las protestas contra su Proyecto de Reforma Educativa, que en ese entonces contenía el concepto de ánimo de lucro en la educación pública, similar al de la chilena, Santos reiteró que las protestas no tienen fundamento dado que la nueva reforma no buscaría privatizar la educación superior, sino que el sector privado haga un aporte a la educación pública, lo cual no representaría costos adicionales para los estudiantes.

Tanto en Colombia como en Chile, se han desarrollado jornadas de protesta, más largas y prolongadas en Chile, hasta ahora, en ambos países se han presentado choques entre policía y estudiantes, hasta ahora más fuertes en Chile.

En ambos países los estudiantes se quejan de la represión policial. Luego de una reunión que se extendió por varias horas, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) anunció que acudiría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la grave represión de la que ha sido víctima el movimiento durante las marchas.

“Los distintos casos se van a presentar el 28 de octubre en Estados Unidos, en Washington. Tengo entendido que va a ir alguien de Cancillería, que tiene que estar presente, y se van a hacer los descargos ante este organismo”, explicó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc), Giorgio Jackson.

A lo largo de más de medio año de protestas estudiantiles en Chile, 1.713 personas han sido detenidas -en las 108 marchas realizadas en Santiago- y el Estado se ha querellado contra 348 y 12 de ellas fueron encarceladas.

En Colombia, y en numerosas ocasiones, los voceros de los movimientos estudiantiles, especialmente de la UIS han reclamado que se respeten derechos de los estudiantes a la protesta, la libre reunión y la asociación, y que no se estigmatice a todo movimiento estudiantil asegurando que éste está “infiltrado” (Por la guerrilla izquierdista).

Las diferencias

La principal diferencia entre los conflictos sociales en Chile y Colombia, radica en que Colombia vive una guerra desde hace más de 50 años, en su etapa más reciente.

Realmente se puede decir que Colombia vive 500 años de guerra, dividida en varios segmentos históricos, partiendo de la conquista española, luego la guerra de independencia y varias guerras entre centralistas y federalistas que marcaron el siglo XIX, luego la denominada “Guerra de los Mil Días”, que dio inicio al Siglo XX, después la “Violencia” partidista a mediados del siglo XX, seguida por la guerra con los grupos guerrilleros y la guerra contra los carteles del narcotráfico, a lo cual se sumaría el terror de los grupos narco paramilitares, fuertemente enraizados con las clases políticas dirigentes y a sectores de ganaderos e industriales con el apoyo de algunos elementos de extrema derecha en las fuerzas armadas colombianas.

La concepción patriarcal y de favorecimiento a los privilegios de clase que ha caracterizado al Estado y a la sociedad colombiana a lo largo de su historia, ha tratado los movimientos sociales como “delincuencia”, “forajidos” y más recientemente, al entrar en boga la doctrina Bush de “Guerra al Terrorismo”, a partir de los atentados del 11 de Septiembre, como “Terroristas”.

Un ejemplo de estos conflictos sociales no resueltos se encuentra en la infame “Masacre de las Bananeras”, obscuro y sangriento episodio de la historia colombiana ocurrido el 6 de Diciembre de 1928, cuando al impulso de los líderes izquierdistas de la época, un grupo de trabajadores del banano inició una huelga contra una de las empresas multinacionales presentes en el país, la United Fruit Company, que desde 1918 explotaba los territorios del departamento del Magdalena a través de la agroindustria del banano, sometiendo a sus trabajadores colombianos a una infame explotación.

Más de 25.000 trabajadores de las plantaciones de la empresa norteamericana participaron en la huelga.

“La huelga terminó con un baño de sangre: en la noche del 5 de diciembre de 1928, soldados del Ejército Nacional dispararon sobre una reunión pacífica de millares de huelguistas, matando a más de mil trabajadores.”, según relata la Fundación Manuel Cepeda. manuelcepeda.atarraya.org.



Fosas comunes (Foto https://pepitorias.blogspot.com)

Esa sería una de las primeras múltiples masacres cometidas en el país durante los restantes 83 años de historia nacional, ejecutadas por todos los actores armados del conflicto que desangra al país.

Las injusticias vividas en Colombia, durante tan largos años, trataron de ser reparadas por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que adoptó una Constitución más incluyente y representativa de todos los sectores sociales tradicionalmente olvidados, relegados y maltratados, pero, lamentablemente esto no se pudo concretar plenamente y en cambio la polarización entre los grandes representantes de los capitales, sintiéndose amenazados por las reformas y el avance de la izquierda en alcanzar posiciones democráticas y los grupos extremistas de izquierda aferrados a patrones arcaicos de lucha armada, derivó en el surgimiento de grupos paramilitares sanguinarios patrocinados desde algunos sectores del gobierno y que terminaron convirtiéndose en narcotraficantes, sumando más crueldad y violencia a la que ya traían como germen de odio desde sus orígenes.

Ahora, tras la aparente desmovilización de los grupos Paramilitares durante el gobierno de Uribe Vélez, estos resurgieron bajo el nombre genérico de Bandas Criminales o BACRIM, que han continuado sembrando el terror y la muerte entre la población civil y los activistas sociales, muchos de los cuales han sido víctimas de homicidios y desapariciones.

Ese marco contextual hace de Colombia un país muy peligroso para los activismos sociales, y ese contexto de polarización es el que hace que como Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos Calderón debiera asumir las consecuencias del bombardeo realizado por las Fuerzas Armadas de Colombia en territorio del vecino país del Ecuador,( Operación Fénix), en el cual fue muerto uno de los jefes del rebelde grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, alias Raúl Reyes, junto a 22 personas más, entre quienes se contaron un ciudadano ecuatoriano y cuatro mexicanos, vinculados con el grupo armado ilegal.

La incursión militar colombiana conocida también como “Operación Angostura”, consistió en un ataque de la Fuerza Aérea de Colombia, con la posterior incursión de helicópteros, personal policial y militar, en una zona selvática denominada Angostura en las cercanías de la población Santa Rosa de Yanamaru, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, el 1 de marzo de 2008.

La incursión militar fue considerada por el gobierno ecuatoriano como una violación del derecho internacional y de la soberanía e integridad del territorio ecuatoriano, lo que generó una grave crisis diplomática entre el gobierno de Quito y el de Bogotá, a la que se sumarian los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, y de la presidenta Michelle Bachelet de Chile, quienes también rechazaron las acciones del gobierno del ultra derechista Álvaro Uribe Vélez.

El incidente, que es considerado por los gobiernos de Uribe y Santos, como legitima actuación dentro de su “Lucha contra el Terrorismo”, eje principal de la Política de Seguridad Democrática, bandera del gobierno Uribe, es considerada ilegal por las autoridades judiciales ecuatorianas, dando pie a que Quito presentará una demanda contra el gobierno colombiano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), siendo la primera demanda de ese tipo presentada por un Estado contra otro Estado, que fue aceptada.

Por los mismos hechos, un juez de Sucumbíos, Ecuador, solicitaría a la INTERPOL, la captura del ministro Juan Manuel Santos Calderón, orden que fue desestimada por ese organismo internacional.

La orden de captura fue mantenida por las autoridades judiciales ecuatorianas, incluso cuando Santos Calderón se presentó a las elecciones presidenciales de 2010, las cuales ganaría, siendo el primer Presidente de Colombia en ser reclamado por la justicia de otro país.

En el mes de Septiembre de 2011, el mismo juez de Sucumbíos, profirió orden de captura contra cinco militares colombianos por la incursión hecha en territorio ecuatoriano, los afectados con la medida fueron el director de la Policía, general Óscar Naranjo; el ex comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León; el ex comandante de las Fuerza Aérea, general Jorge Ballesteros; el ex comandante de Ejército, general Mario Montoya, y el ex comandante de la Armada, almirante Guillermo Barrera.

Ante este hecho, el presidente Santos Calderón, señaló públicamente que “No hay ninguna posibilidad que ese juez pueda perjudicar y hacerle mal a unos generales que fueron además héroes de la patria con lo que hicieron. Seguiremos defendiendo como lo hicimos con la inmunidad del presidente (Álvaro) Uribe”.

Otro hecho bastante polémico que le tocó vivir a Santos Calderón durante su paso por el Ministerio de Defensa, fue el conocido como “Falsos Positivos”, incidente en el cual se produjeron Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia por parte de las Fuerzas Armadas bajo su mando.



Los hechos se descubrieron ante la opinión pública en 2008, y consistieron en la ejecución a sangre fría de varios cientos de civiles por parte de integrantes del ejército colombiano para ser presentados como miembros de la guerrilla muertos en combate para poder reclamar los incentivos económicos que eran ofrecidos por el gobierno para los militares que dieran de baja a insurgentes.

En mayo 27 de 2010 Philip Alston, relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, consignó en su informe que “Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país... Aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados «falsos positivos», en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados... Generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un reclutador hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados, que informaban luego que había muerto en combate y manipulaban la escena del crimen”.

La oposición colombiana ha señalado siempre la responsabilidad política de Juan Manuel Santos Calderón en esos hechos criminales, por omisión.

Dentro de un clima político en el cual el expresidente Álvaro Uribe representa lo más extremo de la guerra contra la guerrilla, se señala a los movimientos sociales como representantes de la insurgencia, por lo que las autoridades militares y policiales han denunciado a los medios de comunicación la infiltración de los movimientos sociales, sindicales y estudiantiles por parte de la guerrilla.

Así, mientras en Chile, los estudiantes que protestan contra el sistema educativo pueden afrontar penas por daño en propiedad u obstrucción al tráfico, en Colombia pueden ser encarcelados por terrorismo y vínculos con grupos terroristas. Esto se evidenció recientemente cuando la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (FEU) denunció que tres de sus dirigentes Jorge Eliecer Gaitán miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la FEU y estudiante de la Universidad Surcolombiana; Omar Marín, estudiante de la Universidad de la Amazonía y Camilo Escudero de la Universidad Amazonía, fueron detenidos bajo lo que, según los voceros estudiantiles, serian falsas acusaciones.

Los detenidos, integrantes de la comunidad académica, fueron imputados por la Fiscalía de los delitos de administración de recursos relacionados con actividades terroristas, concierto para delinquir y rebelión.

Las detenciones se realizaron en operaciones realizadas en los departamentos del Huila y Caquetá, y se indicó, por parte de las autoridades, que los 10 detenidos hacían parte del anillo más cercano de Facundo Molares, alias 'Camilo El Argentino', un ciudadano argentino señalado de ser "hombre de confianza de alias 'El Paisa', de la columna Teófilo Forero de las Farc.

El movimiento estudiantil señaló en un comunicado hecho público a inicios de octubre que “No dudamos que la persecución desatada responde también a la decisión de nuestra organización y del conjunto del movimiento estudiantil colombiano de iniciar un Paro Nacional Universitario una vez el gobierno decida radicar la nueva ley de educación ante el congreso. Sin embargo, ratificamos sin vacilaciones el compromiso organizativo por seguir profundizando y afianzando los procesos de discusión y debate que nos permitan construir de manera democrática un nuevo modelo de educación. Ratificamos que las banderas de unidad que hoy hondean en la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes son garantía de victoria y certeza de un nuevo modelo de educación y de país”.

Al inicio de las protestas estudiantiles, en abril, el director del DAS, Felipe Muñoz, señaló tras una reunión con medios de comunicación que desde una plataforma denominada ‘Encapucharte’ el partido comunista clandestino, PC3, y el Movimiento Bolivariano Nueva Colombia, creado por las Farc, coordinan esa infiltración que, al mismo tiempo, es cada vez más sofisticada.

Para Oscary Ávila, delegado universitario en la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos y miembro de la comisión permanente de Derechos Humanos ‘Christian Roa’ de la UIS, el anuncio de Muñoz pone "nuevamente en riesgo en nuestras vidas".

"Hay que recordar que en enero de 2007 el gobierno tomó la misma postura y esas declaraciones sirvieron para que grupos ilegales declararan objetivo militar a muchas personas. Creemos que eso va a ser un aliento para que hoy las llamadas BACRIM intenten incursionar a los campus universitarios tratando de hacer las operaciones limpieza", afirmó.

Sus palabras parecen tener un asidero en que varios exdirectores del DAS, han sido encontrados responsables de estar tras los crímenes de líderes políticos, sindicales y activistas de izquierda desde hace varias décadas.

En ultimas, la más grande diferencia entre las protestas estudiantiles en Chile y las de Colombia, radica en que la guerra histórica hace que la vida haya perdido valor en este último país y que las posiciones se hayan polarizado hasta el punto de que nadie quiere ya dialogar con el contrario ni tratar de comprender sus puntos de vista deslegitimizando ante la opinión pública cualquier intento de reivindicación social.

Las protestas estudiantiles en Colombia ya han dejado varios estudiantes muertos, otros heridos al igual que varios miembros de las fuerzas policiales lesionados.

La estigmatización de la protesta y la fuerte represión policial contra las manifestaciones motivó una carta dirigida al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y al director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la presidencia de la República, Hernán Jaime Ulloa, por parte de los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, UIS, preocupados por un ingreso violento del grupo antimotines ESMAD de la Policía a la Universidad para desalojar a los estudiantes que se mantienen en paro “Queremos solicitarles garantías políticas para la libre deliberación y discusión a este proyecto de reforma de la educación superior. Razón por la cual es necesario que se garantice el no desalojo del campus universitario central de la UIS”, señala la misiva firmada por el representante estudiantil, Oscary Ávila.

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