Resumen de Noticias

Paro minero y de campesinos pone en jaque gobierno de Juan Manuel Santos
La hora de las protestas sociales en Colombia
Camioneros, cafeteros, pacientes y trabajadores de la salud anuncian paro

Bogotá D.C., Julio 20 de 2013. Colombia llega a los 203 años de los sucesos que desembocaron en la independencia de la corona española, en medio de una de las oleadas de protestas sociales más fuertes de los últimos años y que, literalmente, tienen sitiados por la falta de alimentos y de suministros a amplias regiones del país suramericano. Como es ya tradicional en Colombia, las partes en conflicto se acusan mutuamente; el gobierno de centro derecha y neoliberal de Juan Manuel Santos Calderón, señala a los protestantes de infiltración guerrillera y a algunos políticos izquierdistas de incentivar disturbios con fines proselitistas, los aludidos acusan al gobierno de exceso de fuerza y de mentir. Tema complicado y de diversos giros en medio de una sociedad polarizada entre derecha e izquierda.



Foto captura de Internet

El gremio de los pequeños mineros y barequeros colombianos agrupados en cerca de 100 agremiaciones de productores de oro, carbón, material de arrastre y sal, ubicados en los departamentos de Choco, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Norte de Santander, y Risaralda es decir seis de los 32 entes administrativos en que se divide Colombia, iniciaron un paro indefinido el pasado 17 de julio, protestando contra el Decreto 2235 de octubre 30 de 2012, que confirió facultades a la policía para destruir maquinaria y equipos de los mineros considerados ilegales, es decir, que no tienen título ni licencia.

El polémico decreto “Por el cual se reglamentan el artículo 6° de la Decisión número 774 del 30 de julio de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones y el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 en relación con el uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley”, fue firmado por los Ministros de Defensa Nacional Juan Carlos Pinzón Bueno, de Minas y Energía Federico Rengifo Vélez, y de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Gabriel Uribe, y persigue dos finalidades principales, la una de carácter ambiental y la otra de lucha contra los grupos rebeldes, al señalar que “el ejercicio de la exploración y explotación sin título minero y sin licencia ambiental, cuando esta se requiera, es un problema de carácter multidimensional que en algunas ocasiones constituye una grave amenaza para el medio ambiente y para la seguridad nacional”.

En la primera finalidad, el decreto señala “Que la exploración y explotación ilícita, al desarrollarse sin cumplir con la normativa ambiental, afecta los recursos de agua, aire, suelo y biodiversidad en las zonas intervenidas por dicha actividad, dado que no se implementan en estos casos las medidas de prevención, corrección, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales derivados”.

Y es que la minería ilegal en Colombia se caracteriza por lo rudimentario de sus procedimientos, algo que la norma cuestionada describe diciendo “Que el uso intensivo y descontrolado de dragas, retroexcavadoras y buldóceres en los ríos o fuentes de agua y el uso inadecuado de sustancias tóxicas como el mercurio y cianuro para el beneficio del oro causa, además de considerables impactos ambientales, problemas de salud pública como intoxicación, alteraciones neurológicas y malformaciones congénitas en poblaciones influenciadas por el desarrollo de estas actividades”.

En la segunda finalidad, el gobierno colombiano considera que una buena parte de la explotación minera ilegal sirve para financiar grupos armados rebeldes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, o el Ejército de Liberación Nacional – ELN, y al respecto señala “Que el uso de maquinaria pesada como dragas, retroexcavadoras y buldóceres requeridos para la exploración o explotación de minerales, sin el cumplimiento de los requisitos legales previstos, en muchas ocasiones agravan el daño ambiental y fomentan la economía ilícita que financia actividades delincuenciales y terroristas con el consiguiente impacto negativo sobre la población y la comunidad en general”.

Con base en la norma y para el cumplimiento de esas finalidades, la policía nacional empleando helicópteros de guerra ha venido ubicando los sitios donde se desarrolla la actividad de minería artesanal ilegal y han destruido con explosivos las maquinarias utilizadas.



Foto captura de Internet

Esa situación es la que generó el levantamiento popular en las regiones de explotación minera ilegal donde estos trabajadores informales agrupados en la Confederación Nacional Minera de Colombia, con el apoyo de organizaciones étnicas territoriales de comunidades Negras, Indígenas y mestizas que hacen parte de la Mesa Minera Permanente del Chocó, exigen del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, satisfacer quince puntos, el primero de ellos es que “Se incorpore al ordenamiento jurídico de manera inmediata una norma que diferencie entre la minería informal y la minería ilegal. A partir de esta conceptualización se implemente inmediatamente un procedimiento para que quienes reúnen la condición de minero informal sean reconocidos como tal y puedan seguir haciendo la actividad hasta tanto se incorpore al ordenamiento jurídico una nueva oportunidad de legalización de la actividad minera informal”.

Igualmente solicitan que “Se incorpore al ordenamiento jurídico de manera inmediata normas que caractericen y definan las diferentes tipos de minería que se desarrollan en el país, atendiendo diferentes variables como medios de producción (si es de manera artesanal o mecanizada) y la capacidad de producción”, y “Que se derogue de manera inmediata el Decreto 2235 del 30 de octubre de 2012 y se incorpore en el ordenamiento jurídico de manera inmediata, un procedimiento para la reparación e indemnización de las personas que han sido sujeto y/o víctimas de las acciones derivadas del Decreto 2235 de 2012”.

Con lo cual buscan mantener la fuente de supervivencia para dos millones de mineros informales y sus familias, afectados por la tajante prohibición contemplada en el polémico Decreto 2235 de octubre 30 de 2012, y dentro de ese contexto solicitan “Que se incorpore al ordenamiento jurídico una norma que exceptúe a las personas naturales y/o jurídicas reconocidas como mineros informales de la aplicación de normas y medidas establecidas contra las personas que desarrollan la actividad minera careciendo de títulos, esto incluye las medidas del Decreto 2235, las acciones policivas, ambientales y/o penales”, para lo cual los mineros informales consideran importante “Que se incorpore al ordenamiento jurídico un proceso de legalización cuyos requisitos atiendan a la realidad de la actividad minera en Colombia, especialmente los diferentes tipos de minería y la escala en la que se desarrollan. Que la implementación de este procedimiento cuente con la participación de los mineros informales”.

Y es que las comunidades dedicadas a la minería informal en Colombia, carecen de cualquier clase de seguridad social o de garantía laboral, manteniéndose expuestos a los accidentes laborales los cuales ya han cobrado varias vidas, al respecto ellos exigen la creación de un “Subsidio y respaldo con crédito oportuno y accesible para la legalización y asistencia técnica y seguridad social y salud para la pequeña y mediana minería. Reconocimientos legales de la minería de cúbicos, clavados o apiques” y “Que el Gobierno reconozca un bono pensional con cargo a las regalías para familias barequeras del país”. Las demás peticiones giran en torno a los mismos temas.

Las protestas en torno a las exigencias hechas por los mineros informales en Colombia, han derivado en la instalación de concentraciones en Quibdó, Istmina, Tadó (Quibdó – Pereira) y Buenaventura (Valle del Cauca), y en bloqueos de las principales carreteras de las zonas donde existe presencia de la minería ilegal generando un aislamiento de los centros urbanos que quedaron expuestos al desabastecimiento de alimentos y otros suministros esenciales, al punto que en un hecho conmovedor la familia de Javier Antonio Morales, de 74 años, quien había sido Alcalde del Municipio de Supia, Caldas, denunció que el bloqueo de los mineros en el corregimiento de Irra, del municipio de Quinchía (Risaralda), provocó su fallecimiento debido a un paro cardiaco ante la imposibilidad de obtener ayuda médica oportuna.

En respuesta a los bloqueos, la policía nacional ha sido empleada a fondo produciéndose graves choques y disturbios con saldo de arrestados y lesionados.

Nada más el anochecer del jueves y amanecer de ayer viernes, unos 500 miembros de la policía bajo el mando del general Carlos Mena, director de la policía de carreteras, emplearon gases lacrimógenos contra unos 800 manifestantes y arrestaron a 53 personas al dispersar los bloqueos que mantenían los mineros artesanales en varios puntos, incluido uno en la carretera hacia Buenaventura, Valle del Cauca, principal puerto en el Pacifico colombiano. Los detenidos fueron entregados a la Fiscalía sindicados de la comisión de delitos como asonada y daños a bienes, que incluye la quema de al menos cuatro camiones. Los mineros, por su parte, han acusado a la policía de impedir sus protestas en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, y señalaron que había habido decenas de arrestos.

En un último y grave hecho, unas tres mil personas que ingresaron de manera pacífica, se tomaron el Aeropuerto El Caraño de Quibdó, Choco, impidiendo el despegue y aterrizaje de aeronaves desde el mediodía del viernes 19 de julio.

El bloqueo del aeropuerto no solo afectó a la exministra de Cultura Paula Moreno, los codirectores del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano y Adolfo Meisel; el exministro Fernando Cepeda Ulloa, y Alexánder Micolta, presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, quienes regresaban a sus ciudades de origen tras participar en el foro Conexión Pacífico, sino que impidió el despegue de un avión ambulancia que desarrollaba tareas humanitarias de evacuación de dos militares heridos, según dio amplia difusión el medio colombiano RCN, de tendencia derechista.

Los manifestantes pacíficos que exigen en el sitio la presencia de los Ministros de Defensa, del Interior, de Trabajo, de Minas y Energía y de Salud, instalaron carpas bajo las alas de tres aeronaves inmovilizadas, una de la empresa ADA, otro una ambulancia de la Fuerza Aérea tipo King 350, y una avioneta particular.

El defensor del Pueblo en Chocó, Luis Enrique Abadía, representantes de la Gobernación del Choco y de los mineros, se han reunido desde las últimas horas tratando de poner fin a la toma del aeropuerto.

A esta situación ya de por sí bastante compleja, se suma el Paro Campesino en el Catatumbo, una sub-región ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander, en la Cordillera Oriental colombiana y que también ha incluido bloqueos de carreteras y violentos choques con la policía y disturbios.

En los disturbios ocurridos el 22 y el 25 de junio últimos en el municipio de Ocaña, segunda ciudad en importancia del departamento de Norte de Santander, cuatro campesinos identificados como Édinson Franco Jaime, Yonel Jácome Ortiz, Hermides Jaime Téllez y Diomar Alfonso Quintero, murieron, tres de ellos por heridas que fueron causadas con proyectiles de armas de fuego de alta velocidad, según confirmó la Fiscalía, “lo que resulta consistente con el uso de armas automáticas o semiautomáticas tipo fusil", señaló el ente investigador.

Según las autoridades en los disturbios se produjeron al menos una decena de civiles heridos y mutilados, así como 21 uniformados, con las artesanales "papas-bomba" y tatucos (cargas explosivas).

Unos 104 protestantes han sido arrestados e imputados de delitos que van desde porte de explosivos artesanales, terrorismo, incendio, obstrucción a vías públicas y daño en bien ajeno simple y agravado hasta violencia contra servidor público, en hechos que rodearon el incendio del Palacio de Justicia y otros inmuebles, en el municipio de Tibú el pasado 11 de junio.

La situación, desde el punto de vista del gobierno, fue expresada por el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, quien señaló que “La protesta se está tornando en una batalla campal, escapa a la legitimidad de la protesta constitucional”, refiriéndose a la quema de tractomulas y camiones que se perciben como actos delincuenciales en hechos se han registrado en los municipios de Tibú, Ocaña (Norte de Santander) así como en Antioquia, Pereira, y Manizales. El funcionario también señaló que se están adelantando investigaciones para determinar la veracidad de las denuncias presentadas por los campesinos sobre abuso de la fuerza por parte de las autoridades.

Perdomo, puntualizó que "Hasta ahora podemos entregar un reporte de que en el país hemos capturado a 104 personas, cuatro de ellos menores de edad, 18 de esas personas capturadas dejadas en libertad por los jueces de control de garantías por diferentes razones, 57 personas judicializadas, tenemos aún pendientes por judicializar 47 personas".

Las movilizaciones de los campesinos colombianos en el Catatumbo, que ocurren desde hace más de 30 días, reclaman el fin de una campaña de erradicación de los cultivos de hoja de coca, que es la actividad principal en la zona, la sustitución de cultivos ilícitos y la implementación de una Zona de Reserva Campesina.

La crisis en el Catatumbo ha estado enmarcada en acusaciones por parte del gobierno, de infiltraciones guerrilleras y de acusaciones por parte de los manifestantes, de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, algo que ha sido señalado incluso por la ONU, lo que es rechazado enfáticamente por el gobierno.

Las conversaciones entre el gobierno y los campesinos para poner fin a las protestas, han fracasado reiteradamente, entre mutuas acusaciones.

En medio de este panorama de alta tensión social y de orden público, otro ingrediente se sumó cuando el senador izquierdista colombiano Jorge Enrique Robledo calificó de cobarde el pronunciamiento del presidente de centro derecha Juan Manuel Santos, quien lo acusó de manera indirecta de estar detrás de las marchas y protestas en pie en todo el país.

El parlamentario afirmó que "Me parece un acto de cobardía. Si quiere hacerme acusaciones que lo haga de forma directa. Yo siempre que le hago acusaciones, las hago con nombre propio".

Y para completar el panorama, la Asociación Colombiana de Camioneros anunció en un comunicado dado a conocer ayer viernes que el gremio de los transportadores se sumará a los diferentes paros que se realizan en todo el país a partir del 19 de agosto, lo que significaría que por lo menos 300.000 vehículos de carga dejarían de rodar en el país.

La protesta de los transportadores se debe, según informaron, al incumplimiento del Gobierno colombiano en materia de precios de combustibles, los fletes y la reposición del parque automotor.

Por su parte, el movimiento de Dignidad Cafetera, denunció un incumplimiento del 90 por ciento del acuerdo firmado en Pereira el 8 de marzo de 2013 que permitió levantar el pasado paro cafetero, por lo que anunciaron que también irán a paro el 19 de agosto.

Cerrando el contexto del descontento social en Colombia, varios centenares de trabajadores del sector salud, así como pacientes, salieron a protestar por la carrera Séptima, emblemática avenida de la capital, Bogotá, contra la polémica reforma a la salud que impulsó el Gobierno de Santos Calderón.

Mientras que los trabajadores de la salud agremiados en ANTHOC, pidieron la formalización laboral de unos 250 mil trabajadores del sector, que no ven reflejada en la ley estatutaria de salud, los pacientes rechazan lo que ya se aprobó en la reforma a la Salud al considerar que se limita el derecho a la salud y va en contra de lo que ha ordenado la Corte Constitucional, en reiterados fallos de Tutela.

Ambos grupos, tanto los trabajadores de la salud como los pacientes, anunciaron que también irán a un paro en el sector salud el próximo 19 de agosto en el que garantizaran la prestación de los servicios de urgencias vitales. Pero no atenderán consultas, cirugías y todos aquellos procedimientos programados.

Con información de: https://www.colombiaaprende.edu.co, https://www.elheraldo.co/, https://www.eltiempo.com, https://remapvalle.blogspot.com, https://cedetrabajo.org, https://www.elespectador.com, https://www.marchapatriotica.org, https://www.portafolio.co, https://fedemichoco.com, https://fedecundi.com//fedecundi/decreto2235.pdf, Wikipedia, https://www.alcaldiabogota.gov.co/, https://noticias.terra.com.co, https://www.20minutos.es/, https://www.prensa-latina.cu, https://www.radiosantafe.com, https://www.eluniversal.com.co, https://www.cmi.com.co.


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