Resumen de Noticias

En Colombia se ha cometido otro crimen atroz
Mataron la Constitución de 1991 y la corrupción demostró su poder
Sociedad Civil y hasta Presidente Santos la rechazan mientras rueda la cabeza del Ministro de Justicia

Bogotá D.C., Junio 23 de 2012. Sala de Redacción. Colombia se estremece en estos momentos ante el más duro golpe a su democracia sufrido en este siglo gracias a un grupo de senadores que aprovechando la obscuridad de la madrugada, como viles criminales, asesinaron la Constitución de 1991 para lograr que un grupo de delincuentes acusados de diferentes delitos, muchos de ellos vinculados a graves crímenes y violaciones a los Derechos Humanos, puedan salir de las cárceles, mientras que otros que aún se sientan en sus curules del Congreso, sean cobijados por una inmunidad.

Esa es la sensación que recorre las calles de las ciudades colombianas ante la aprobación de un Acto Legislativo que modificó la Constitución y que bajo la figura de una Reforma a la Justicia, podría traer nefastas consecuencias al país y que en medio del rechazo generalizado, anoche costo la cabeza al Ministro de Justicia del gobierno Santos Calderón, el jurista Juan Carlos Esguerra Portocarrero.



Juan Carlos Esguerra Portocarrero, en el momento en que daba el anuncio de su renuncia ante los medios. Los “Micos” colgados a la Reforma a la Justicia lo tumbaron. Si fue o no asaltado en su buena fe, es algo que la historia juzgará en su momento cuando se pueda hablar sin pasiones de estos momentos que vive Colombia. (Foto captura)

"Presento mi renuncia irrevocable al cargo del ministro de Justicia. Mi gente y yo hemos trabajo con empeño y dedicación por una causa, la más linda del mundo", dijo anoche el Ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra Portocarrero, al momento de informar sobre su renuncia a los medios reunidos en rueda de prensa, y agregó "Hemos sacado adelante leyes importantísimas y tareas fundamentales. Se puso en marcha el Ministerio de Justicia, que había estado fuera de circulación durante tantos años", señalando así lo que a su modo representaría el resumen de su paso por la cartera que duró diez meses.

Se lamentó de su precipitada salida del Ministerio diciendo que "se quedan un montón de cosas en el tintero. Los últimos episodios no permiten continuar en el cargo, sería ir en contra de mis principios", y trató de desligar su responsabilidad en el hecho con el cual se cierra su paso por el Ministerio y que hoy lo tiene en la picota pública, la polémica Reforma a la Justicia aprobada por la Comisión de Conciliación del Senado y que hoy sacude al país, al respecto señalo que ni él ni su equipo de colaboradores tuvieron ninguna responsabilidad en el cuestionado resultado final, "No tenemos ni mis funcionarios ni yo, culpa alguna en nada de lo que ocurrió en materia de inclusión de textos inapropiados e implicaciones gravísimas", aunque admitió que "Tengo igualmente claro que como funcionario de gobierno nos corresponde responsabilidades políticas. Esos mismos principios me implican que debo asumir esa responsabilidad política".

¿Pero qué ocurrió?

El 20 de Junio de 2012, la Comisión de Conciliación del Senado de la República aprobó el Acto Legislativo que reforma a la justicia con el voto favorable de 60 senadores y 115 representantes que derrotaron a los 16 senadores y 10 representantes que votaron en contra.

Hasta ahí podría decirse que todo era normal y que la anquilosada justicia colombiana tendría una reestructuración impulsada directamente por el Presidente Juan Manuel Santos Calderón que, pese a algunas críticas que se le pudieran formular a posteriori, probablemente hubiera pasado ante la opinión pública casi sin resistencias como otras intentonas legislativas del gobierno, sin embargo, a las pocas horas de aprobado el Acto Legislativo modificatorio de la Constitución de 1991, estallaron las primeras reacciones que entre sorprendidas e indignadas denunciaron como los congresistas habían aprobado un texto al cual le habían, groseramente, insertado apartes que jamás fueron parte del proyecto aprobado en los debates anteriores.

Las reformas que representan el mayor y más osado ataque de los corruptos a la decencia de un país.

1. Eliminación del régimen de inhabilidades que la Constitución estableció en el artículo 179. Estas inhabilidades no podrán ser usadas como causales de pérdida de investidura para los Congresistas, con lo cual cualquier persona que haya sido condenado por la justicia podría ser elegido en el Congreso incluyendo aquellos ex congresistas que hayan perdido su investidura por orden del Consejo de Estado. En ese tipo de situaciones podrían regresar al Congreso aquellos que han sido condenados por delitos tan graves como brindar apoyo a los grupos de extrema derecha paramilitares que fueron responsables de horrendas masacres, pero además elimina otras siete causales para la muerte política de aquellos que han incurrido en todo tipo de crímenes.

2. Se determinaron garantías procesales, en materia disciplinaria y penal, para los miembros del Congreso, así las cosas en los procesos de pérdida de investidura, que se manejarán en doble instancia en el Consejo de Estado, se elimina la posibilidad de que las denuncias se hagan de manera anónima y que el ciudadano que defina entrar en esa clase de procesos deberá asumir las costas del mismo en caso de perderlos, por lo que se desestimula la denuncia ciudadana contra los casos de corrupción en los que incurran los miembros del Legislativo.

3. Se estableció que la Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de Investigación y Calificación integrada por seis magistrados elegidos por la Corte Constitucional de ternas presentadas, a razón de dos, por el Presidente de la República, dos, el Fiscal General de Nación y el Procurador General. La primera instancia será conocida por cinco magistrados elegidos por la Corte Constitucional de listas conformadas mediante convocatoria pública. La segunda instancia se adelantará en la Plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Esta garantía a favor de los Congresistas demuestra el interés desmedido de los parlamentarios en reformar la Constitución en su propio beneficio y con total divorcio del interés general.

4. Incluyeron un parágrafo para que los Congresistas solo puedan ser capturados cuando haya resolución de acusación en su contra.

5. Eliminó la prohibición contenida en el Artículo 110 de la Constitución que señalaba “Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura”, con lo cual los funcionarios públicos podrán intervenir directamente en política con el agravante de que se abre la puerta a que recursos públicos sean desviados al financiamiento de campañas políticas.

6. les otorgaron fuero a los secretarios generales de Senado y Cámara de Representantes, debido a que en el Parágrafo Segundo del Artículo 5 exige que las denuncias contra estos funcionarios deben hacerse personalmente y los igualan con quienes ostentan fuero constitucional.

7. Se despoja a la Fiscalía de su facultad de investigar a ministros, embajadores y directores de departamento administrativo. Su autor fue Alejandro Chacón (P. Liberal).

8. Las facultades que se le otorgan a la Fiscalía de realizar detenciones preventivas, allanamientos e interceptaciones telefónicas sin que medie una orden judicial.

Se desconoce aún la magnitud que la reforma tendrá en los casos de políticos, muchos de ellos cercanos al más íntimo circulo de poder del anterior gobierno, acusados de graves crímenes, pero lo que se puede anticipar es una oleada de Acciones de Tutela pidiendo nulidades de los procesos y libertades amparados en el principio de favorabilidad de la ley penal invocando la reforma y el derecho fundamental al Debido Proceso.

Esa situación ya es un hecho, aún y cuando no se llegare a promulgar el Acto Legislativo por cuanto este surtió los tramites constitucionales para tener fuerza y, su no promulgación, lo que haría sería reforzar la idea de que se han violado derechos fundamentales para los aforados actualmente en prisión, con lo cual los corruptos habrían ganado una parte muy importante de su partida contra la moral pública.

Como anticipo de la feria de la impunidad, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia suspendió la audiencia para el juicio contra el ex Secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno por las ‘chuzadas ilegales’ por la entrada en vigencia de la Reforma. Su abogado pidió su libertad.

Las reacciones y las reversas apresuradas

Una vez que el país fue despertando a lo que había ocurrido, diferentes reacciones comenzaron a sentirse, inicialmente de parte de la sociedad civil, de los ciudadanos de a pie que se sintieron Indignados ante lo que a todas luces representa la más grotesca muestra del desprecio que los políticos corruptos experimentan por la sociedad colombiana, por lo que, inicialmente por las redes sociales y luego a través de los medios de comunicación, empezaron a manifestar su ira y desazón ante la retorcida Reforma a la Justicia para luego entrar a proponer fórmulas para contenerla las cuales incluyen desde un Referendo revocatorio hasta demandas públicas de inconstitucionalidad.

Con el paso de las horas los mismos políticos que habían impulsado la reforma empezaron a tener tardíos raptos de conciencia y trataron de desligar su responsabilidad en lo ocurrido.

Claros ejemplos de esta situación las tenemos en el propio Ministro Juan Carlos Esguerra Portocarrero, quien ante las cámaras de la televisión del Senado había elogiado la reforma y luego se había excusado y abandonado el recinto de la votación, por una supuesta solicitud de algunos Senadores que habían pedido que el gobierno no estuviera presente en la votación.

Esguerra Portocarrero, había dicho tras la aprobación de la Reforma, que el país llevaba una década tratando de solucionar su problema de acceso y descongestión judicial, por lo que consideró que “para esos colombianos de a pie, o de alpargata, está abriéndose la puerta al acceso a la justicia”, y agregó que no se trata de una reforma hecha a la medida de los parlamentarios, al indicar que el “Congreso hizo un trabajo serio” y enfatizó que la reforma es “para los más encumbrados funcionarios del Estado, con quienes se tiene deudas en materia de justicia”.

Pero luego señaló que "No tenemos ni mis funcionarios ni yo, culpa alguna en nada de lo que ocurrió en materia de inclusión de textos inapropiados e implicaciones gravísimas".



Otra reversa la dio el presidente de la Cámara y director del Partido Liberal Simón Gaviria, quien luego de votar afirmativamente el proyecto “cambió” repentinamente de opinión y señaló en carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, que le pedirá al Presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, quien también votó a favor de la Reforma, "que las mesas directivas de las Cámaras asumamos como válida la interpretación jurídica mencionada por usted, con base en la cual se aplican a los actos legislativos, por analogía, las reglas de formación de las leyes que prevén la posibilidad de que el Presidente presente objeciones, por lo cual estoy pidiendo que se les dé trámite a las mismas el primer día de la próxima legislatura", dijo en la misiva.

Gaviria, señaló en la mañana de ayer en varios medios de comunicación, que no había leído el texto de conciliación por cuanto se confió en una fe de erratas enviada por el gobierno y creyó que todo estaba bien en cuanto al texto, señalando que “Acepto el error y le pongo la cara al país por esto”, y en declaraciones a la W Radio dijo “Reconozco un error grave, lo acepto y pido excusas, pero nosotros confiamos en el Gobierno”.

En horas de la noche responsabilizó al Ministro Esguerra Portocarrero, de lo ocurrido.

En alocución televisada, el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, afirmó que usará una poco convencional salida jurídica para el impase: La objeción presidencial, figura no contemplada en el caso de los Actos Legislativos y calificó los textos introducidos a última hora en la Reforma de "inaceptables para el país y para el Gobierno", para el Presidente Santos "No ha sido una decisión fácil. Pero la buena salud de la justicia y nuestro compromiso por la transparencia y contra la corrupción, están por encima de todo", y agregó "Como Presidente de los colombianos y obrando en conciencia, tengo el deber de impedir que esto prospere".

Santos reconoció que "Se introdujeron cambios que en nada favorecen a la justicia y a la transparencia, y algunos son verdaderos micos".

El Ministro del Interior, Federico Renjifo, otro de los promotores del Acto Legislativo, dijo luego de la alocución presidencial que "Si el precio de devolver la reforma es que se hunda toda la reforma, deberíamos aceptarlo. Se hundiría toda la reforma", y agregó que "El presidente ya ha dicho que va a devolver la reforma al Congreso porque consideramos que hay aspectos inconstitucionales que no podemos aceptar", señalando que la reforma no está vigente por cuanto el Presidente la objetaría.

El Ministro Renjifo, explicó así la introducción de contenidos inesperados en el texto finalmente aprobado "Hay unos textos que no eran conciliables, no eran debatidos en las últimas plenarias de Senado y Cámara. Por lo tanto, no podían fusionarse, como en el caso de la pérdida de investidura, para hacer un nuevo artículo diferente al que las mayorías de una u otra Cámara querían aprobar. Y la fusión de esos dos textos creó una amalgama que no es lo que querían las mayorías. Entonces eso es lo que estamos cuestionando".

El Ministro admitió que según los análisis de su cartera saldrían inmediatamente en libertad 1.500 personas aforadas que están investigadas en la Fiscalía. "Eso no lo quiere el Gobierno", señaló y finalizó diciendo que "Todos tenemos responsabilidades" en la aprobación de la reforma, a la que describió como un error lamentable.



Sin embargo aún no está jurídicamente claro que ese “error lamentable” pueda ser reparado mediante la atípica figura de la objeción presidencial a un Acto Legislativo, ni la magnitud del daño causado, pero lo que si debe quedar claro para el país es que los políticos no representan a los ciudadanos y que tal vez, como reclaman varias voces por las Redes Sociales, es ya hora de indignarse ante los abusos de los poderosos y corruptos.

semana.com, eltiempo.com, elpais.com.co, cmi.com.co, semana.com, https://colombia.justia.com.

Comentarios:

Vía Facebook:

Gloria García: “SIGAN VOTANTO POR BEBECITOS....”

Gloria García: “CUANDO VOTAMOS POR BEBECITOS... ESTA ES LA RESPUESTA PARA COLOMBIA....FIRMAR LAS LEYES SIN LEERLAS Y LUEGO LAVARSE LAS MANOS... LA REFORMA NO SE CAMBIO EL DIA ANTERIOR NI FUERON LOS CONCILIADORES...TODOS CONOCIAN DESDE HACE MUCHO TIEMPO...TODOS SON RESPONDABLES”.

Hilda Ayala de Virgüez: “No más pañales en el Congreso! Fuera los pañales TENA también en todas sus modalidades!”


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