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Se hundiría polémica “Ley Lleras” de control a Internet
Su ponente, Roy Barreras y otros cinco senadores radicaron ponencia de archivo
“Me la juego por la libertad de expresión en internet", sostuvo Barreras

Bogotá D.C., Noviembre 02 de 2011. Sala de Redacción. En un sorpresivo e inesperado giro, el Senador del derechista partido de la “U”, Roy Leonardo Barreras Montealegre, Coordinador de Ponentes del Proyecto de Ley 241 de 2011 “Por la cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet”, conocido como “Ley Lleras”, presentó ponencia de archivo, con lo cual, virtualmente, habría “muerto” otro de los proyectos del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, que han despertado resistencia e inconformidad ciudadana.



Roy Barreras, conjuntamente con los Senadores Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático), Juan Manuel Galán (Partido Liberal), Hemel Hurtado (PIN), Karime Mota (Partido de la U), y Jorge Eduardo Londoño (Partido Verde), radicaron la ponencia de archivo del proyecto.

Al respecto, el Senador Barreras, señaló "Se trata de ponderar dos derechos y mientras no haya claridad técnica por parte del Gobierno, yo me la juego por la libertad de expresión en internet".

Barreras, caracterizado por ser uno de los más encarnizados defensores del Ex Presidente derechista Álvaro Uribe Vélez, y co-partidario del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, señaló, tras radicar la ponencia negativa a la Ley Lleras, que “Pese a haberse sometido a un debate profundo en la Comisión Primera, y adelantar foros de interlocución con los cibernautas, a través de la página del Ministerio del Interior www.democraciaenlinea.gov.co, y habiendo analizado los elementos constitucionales, legales, jurisprudenciales y de derecho internacional, así como consultas a los expertos en la materia, consideramos que el proyecto no ha logrado subsanar las inconsistencias normativas que impiden dar claridad sobre lo que jurídicamente es posible en aras de la protección a los derechos de autor y sus conexos en internet".

En la ponencia firmada por los seis Senadores “De acuerdo a la exposición de motivos presentada por el proyecto original y que apoyó la ponencia para primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República, el proyecto pretendía establecer una reglamentación que combatiera la piratería‖ en internet, y con ello proteger y garantizar los derechos de autor y conexos, teniendo en cuenta las numerosas situaciones a las que diariamente se ven expuestos los escritores, creativos, actores, cantantes, académicos, productores, industrias artísticas, y todos aquellos que son autores de una obra y que en el marco de la globalización, han querido hacer de la red internet, una herramienta que lleva su obra a diferentes partes y públicos en el mundo, sin que con ello deban desprenderse de la titularidad y autoría sobre dicha obra.”, resume el documento.

“Pero dicha causa, noble y bien intencionada, no ha hallado en el proyecto objeto de ponencia, todas las garantías constitucionales que deba tener el proceso que para tal cometido haya de diseñar el Congreso de la República, y contrario a ello, la propuesta se muestra falta de claridad e integralidad en los procedimientos que contiene la norma, y que pese a haber sido advertida por algunos senadores en la comisión primera constitucional, y adquiriéndose un compromiso en el legislativo, en particular de algunos de los ponentes de esta iniciativa, para que posteriormente a la aprobación en primer debate del proyecto de ley, debieran haber sido totalmente solucionadas dichas falencias y haberse presentado los suficientes elementos integrantes de la norma y de la interpretación que a cada artículo haya de dársele en la ponencia para segundo debate, dicha situación no ha sido superada, por lo que a continuación, procedemos a explicar las razones jurídicas y políticas, que impiden que quienes suscriben este informe de ponencia, puedan estar de acuerdo en darle continuidad en el trámite legislativo al referido proyecto”, afirman los seis ponentes.

Tras un prolijo análisis de la forma en que el Proyecto de Ley de Control a Internet afectaba los derechos fundamentales de 23.5 millones de colombianos (aproximadamente), que acceden a Internet, los ponentes concluyen que: “En mérito de las anteriores consideraciones de tipo constitucional y legal, de acuerdo con los criterios auxiliares de derecho, como la jurisprudencia y la doctrina, como ponentes, nos permitimos proponer a los miembros de la Plenaria del Senado de la República, el archivo del Proyecto de ley No.241 de 2011 Senado “Por la cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en internet”, acumulado con el proyecto de ley No. 229 de 2011 senado “Por la cual se modifican las leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 y se dictan otras disposiciones”.

La Ley Lleras, bautizada así por los cibernautas a partir del nombre de su principal promotor, el Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, del derechista partido Cambio Radical, generó todo tipo de reacciones de rechazo por parte de la comunidad usuaria de Internet que incluyo desde la creación de varios grupos en Facebook y Twitter que la rechazaron con vehemencia argumentando la violación del derecho de expresión y de la libertad de información, entre otros derechos fundamentales, hasta ataques cibernéticos del colectivo internacional Anonymous, que defiende la libertad en Internet.

Ahora, en el evento, ya casi una realidad, del hundimiento del Proyecto de Control a Internet, quedaría pendiente ver como reaccionará el gobierno nacional, dado que la implementación de una legislación que controle el uso de internet y proteja los derechos de autor en la red, es una de las condiciones que impone al Estado colombiano el TLC, recientemente aprobado por Estados Unidos y que es muy celoso en la unificación de las legislaciones de los países que suscriben los tratados de libre comercio con las leyes norteamericanas.

De las varias iniciativas legislativas que ha impulsado el Presidente Juan Manuel Santos y que han despertado el repudio de varios sectores del país, la reforma a la tutela que se vio como el desmonte de esa importantísima acción constitucional, la penalización a la opinión bajo el tipo penal “apología del delito” evidenciada como “delito de opinión”, el componente de inversión de capital privado en las Universidades Públicas y, ahora, la Ley Lleras tachada de censura en Internet, han sido retiradas por el propio gobierno del partido de la “U” o, en este último caso, hundidas en el Congreso, ante las manifestaciones de inconformidad ciudadana que han generado.

Otra iniciativa, el denominado “Principio de la Sostenibilidad Fiscal”, fue demandado por inconstitucional ante la Corte Constitucional por la Red Nacional de Defensores de la Tutela, al verla como un atentado directo contra el Estado Social en Colombia, mientras que el texto completo del Proyecto de Reforma a la Educación Superior mantiene en un paro indefinido a miles de de estudiantes de Universidades Públicas del país que ven en la reforma el fin de la educación pública.

Tantas iniciativas polémicas y las correspondientes reacciones de repudio ciudadano pondrían de manifiesto una pugna entre el Estado de Derecho con ánimo restrictivo y el Estado Social, de carácter garantista de derechos fundamentales, una discusión que tiene convulsionado el mundo en este nacimiento del nuevo siglo.

https://www.senado.gov.co

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