Resumen de Noticias

Carta del Exministro Diego Palacio al Presidente Santos
“Creo que se pueden incrementar mis problemas de seguridad y los de mi familia.”
Dice Diego Palacio con relación a Escándalo de Defraudación a la Salud

Bogotá D.C., mayo 04 de 2011, Sala de Redacción. Con relación al escándalo por defraudaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, que denunciaron el presidente Juan Manuel Santos Calderón, y la Fiscal Vivian Morales, esta semana, el ex Ministro de la Protección Social del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Diego Palacio Betancourt, envió e hizo pública, una carta al Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón.

La misiva, empieza diciendo: “Para el Sistema de Seguridad Social en salud son muy importantes todos los esfuerzos que en forma integral puedan desarrollar el ejecutivo y los organismos de control. Estos esfuerzos deben ser apoyados por todos los colombianos y muy especialmente por quienes hemos tenido la oportunidad de actuar en la misma dirección.”.

Como se recordará, a través de un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Presidencia, se logró detectar a un grupo de funcionarios del Ministerio de la Protección Social que organizaron un verdadero grupo delictivo mediante el cual presentaron reclamaciones fraudulentas al Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA, que es con el que se financia la salud de los más pobres en Colombia.

Dentro de los vinculados penalmente, algunos de ellos, actualmente detenidos, se encuentran altos funcionarios (as) y ex funcionarios (as) del Ministerio de la Protección Social, varios de ellos de la época en que fue ministro Diego Palacio Betancourt, (2003 – 2010), como es el caso de Luisa Fernanda Bellini Pérez, ex directora de financiamiento del Ministerio de la Protección Social, quien se encontraría actualmente en Italia, funcionaria que, como recordó ACCIÓN 13 ayer, también se encontraba implicada en unas investigaciones que adelantó en 2010, la Procuraduría contra Diego Palacio Betancourt por su presunta responsabilidad disciplinaria en el contrato con la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria, que se habría suscrito para la asesoría en la redacción de los decretos dictados bajo el amparo de la Emergencia Social que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en 2010.

Según una publicación de El Tiempo, en la época las investigaciones se habrían iniciado debido a que “El Ministerio Público argumenta que la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria ayudó en la redacción de los textos de la Emergencia Social y que esa labor constituye un conflicto de intereses, porque esa empresa es socia de la Nueva EPS. “, informó el diario colombiano.

"algunos miembros de la Asociación (Gestión Central Hospitalaria) hacían parte también de las juntas directivas de varias EPS, entre ellas, Salud Colpatria y la Nueva EPS. Ellos asesoraron al Ministerio en el diseño de los decretos de Emergencia Social". Según el pliego de cargos, un documento de 127 páginas, los asesores que hacían parte de la Asociación y de las EPS son Teresa Margarita Tono, de la Nueva EPS; y Carlos Julio Portocarrero Martínez y Augusto Galán Sarmiento, de Salud Colpatria.”

La carta enviada por el Exministro al Presidente Santos Calderón, concluye con la siguiente afirmación: “Por último, deseo expresarle mi preocupación pues, a raíz de la noticia, creo que se pueden incrementar mis problemas de seguridad y los de mi familia. Comparto su afirmación cuando dice que en este tema se enfrentan enemigos muy peligrosos, motivo por el cual le pediría intervenir ante los organismos correspondientes para enfrentar esta situación y ofrecerme la seguridad oportuna.”

La carta fue publicada en el sitio WEB del Expresidente Álvaro Uribe Vélez, y difundida por este a través de Twitter, donde se ha mostrado bastante activo con relación al tema desde que se supo la noticia.

Sobre la forma en que este nuevo escándalo afecta la imagen del Expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Noticiero CM&, indicó anoche: “Si bien es cierto que nadie lo acusa de haber hecho algo indebido, sí le están adjudicando la responsabilidad de no haber visto lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

No vio lo de Agro Ingreso Seguro. No vio lo de la Dirección de Estupefacientes. No vio lo del INCO. No vio lo del Invías. No vio lo de Fondelibertad. Y tampoco vio lo del robo a la salud ni la forma como funcionarios se estaban apropiando de esos millonarios recursos.”

El día de hoy, miércoles, ante el Juez 48 Penal de Bogotá, con funciones de control de garantías, el fiscal 23 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá imputó cargos a cinco procesados por concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho propio, enriquecimiento ilícito para terceros y prevaricato por acción. Los imputados además fueron cobijados con medida de aseguramiento.

Los afectados por la medida judicial son: Claudia Patricia Rojas Puerta, ex coordinadora del grupo de recobros del Ministerio de Protección; Luis Andrés Ruiz Martínez, ex director de sistemas del mismo Ministerio, y los particulares Édgar Medina Millán, Héctor Mauricio Durán Poveda y John Carlos Lemus Rodríguez.

El texto de la carta suscrita por Palacio Betancourt es el siguiente:

“Bogotá D. C., mayo 3 de 2011
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
CASA DE NARIÑO
Ciudad

Respetado señor presidente,

Para el Sistema de Seguridad Social en salud son muy importantes todos los esfuerzos que en forma integral puedan desarrollar el ejecutivo y los organismos de control. Estos esfuerzos deben ser apoyados por todos los colombianos y muy especialmente por quienes hemos tenido la oportunidad de actuar en la misma dirección.

Por lo tanto, es mi voluntad y decisión apoyar y estar presto a colaborar frente a la solicitud de cualquiera de los organismos y/o entidades del Estado que están desarrollando las investigaciones con el propósito de esclarecer todo cuanto sea necesario, para que, en el evento de hallar culpables, personales o institucionales, sean castigados por la justicia con todo el rigor.

Sin embargo, con el fin de evitar situaciones de inseguridad institucional derivadas de los efectos del escándalo que se ha abierto frente a presuntas graves irregularidades en el Sistema, y con el firme propósito de enriquecer la discusión y apoyar las investigaciones y, simultáneamente impedir que se desvíe la atención en los casos que fueron anunciados el día de ayer por Usted Señor Presidente, junto a los organismos de control, es necesario hacer claridad en algunos temas como son:

1) Las EPS presentaron a título de recobros, en el periodo comprendido entre 2005 y julio de 2010, $7.15 billones. De estos se pagaron el 68,8% lo que corresponde a $4,9 billones. El excedente, fueron recobros que se rechazaron por no cumplir con las exigencias establecidas en la reglamentación.

2) Se afirma, en una forma peligrosa para el sistema, que el desfalco podría superar los 4,5 billones de pesos”. Me llama la atención, tal y como lo dije en el párrafo anterior, que entre 2005 y julio de 2010, el Sistema había pagado por este concepto la cifra de 4.9 billones. Por lo tanto, si se dice que el desfalco puede ser superior a los $4,5 billones, se podría interpretar que TODOS los recobros fueron “robados” y que no existe en el país ni un solo ciudadano que hubiera recibido ningún medicamento o tratamiento por cuenta de las tutelas. Así mismo, llegaríamos a la conclusión que todos los pacientes que fueron favorecidos por las tutelas o los comités técnicos científicos no recibieron tratamiento y que a pesar de haber pagado las tutelas, estas no llegaron a beneficiar al paciente.

3) De los $4,9 billones que se cancelaron, $4,6 billones fueron pagados directamente por el FOSYGA que como usted muy bien sabe, son administrados por las principales fiducias del país y que cuentan con su propio sistema de auditoría. Además, no sobra recordar que las EPS radican y tramitan las cuentas directamente en el Fosyga.

En este proceso de pago de estos recursos, que corresponden al 92,1% de los recobros, la dirección de financiamiento del Ministerio, autoriza el pago, pero no intervienen funcionarios en la revisión o discusión de la pertinencia de los mismos.

4) El otro porcentaje del pago (7,9%), que corresponde a cerca de $400.000 millones fueron autorizados por mecanismos adicionales que se implementaron con el conocimiento de los organismos de control.

5) De acuerdo a la información difundida por diferentes medios de comunicación, existe la sospecha de que funcionarios del ministerio cobraban por acelerar o tramitar los pagos. De ser así, los delitos cometidos, estarían centrados en el trámite de las facturas representadas en esos 400.000 millones de pesos y no en los 4.5 billones de pesos que han sido mencionados y no por ello menos graves.

6) La pregunta que se debería hacer sobre esos $400.000 millones de pesos, es si fueron tramitados correctamente por las EPS.

7) En Junio de 2009, el Fosyga informó a la Procuraduría de las preocupaciones que tiene con el tema de los recobros. En enero de 2010, la Superintendencia de Salud le da traslado a la Fiscalía de documentos en los cuales expresa y demuestra sus preocupaciones, los cuales hacen referencia a falsificación de firmas, presentación de una cuenta varias veces, etc., etc.

8) En 2008, el despacho del Ministro solicita, personalmente, al Superintendente de Industria y Comercio que realice una investigación sobre los servicios que prestan las EPS en el POS y sobre el manejo de la información por parte de las EPS.

Lo anterior solo para recordar que, en esas y en otras ocasiones, el ejecutivo solicitó la intervención de los organismos de control. Es más, en 2004 o 2005, el Superintendente de la época, Dr. Cesar López, presentó una denuncia a la Fiscalía sobre una EPS, la cual, si no me falla la memoria, no prosperó. Las EPS y en general los actores del sistema saben que siempre tuvimos preocupaciones sobre el tema de los recobros. Además, el objetivo de la emergencia social, entre otros, fue el de delimitar bien la prestación de los servicios y colocar una cantidad de límites y conseguir financiación para los servicios que se prestaban por fuera del POS.

Sería interesante que pudiera revisar el artículo que el 31 de enero de 2010 publicó el Espectador en el cual afirmo que el sistema de salud pierde 400.000 millones por abusos en recobros e intermediarios que inflan los precios de los medicamentos e insumos (https://www.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso185210-hay-muchos-criticos-intereses-economicos-diego-palacio). En este artículo, podrá comprobar que estos temas hicieron parte de la preocupación del Ministerio y fue por eso que, entre otras razones, se expidió la emergencia Social que buscaba enfrentar los problemas que se han denunciado.

Por último, deseo expresarle mi preocupación pues, a raíz de la noticia, creo que se pueden incrementar mis problemas de seguridad y los de mi familia. Comparto su afirmación cuando dice que en este tema se enfrentan enemigos muy peligrosos, motivo por el cual le pediría intervenir ante los organismos correspondientes para enfrentar esta situación y ofrecerme la seguridad oportuna.

Cordialmente,

DIEGO PALACIO BETANCOUR
Ex ministro de Protección Social”

El Tiempo, https://www.alvarouribevelez.com, CM&.

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