Resumen de Noticias

Policía da parte de primeros arrestos y por los menos 6 heridos
Colombia se deslizó hacia el Paro Nacional Agrario, la más grande protesta social de los últimos tiempos
Presidente Santos descarta su importancia

Bogotá D.C., agosto 20 de 2013. Sala de Redacción. Desde la media noche del lunes 19 de agosto de 2013, Colombia, entró en el anunciado paro nacional agrario que ha movilizado a cafeteros, arroceros, paneleros, paperos, cacaoteros, ganaderos, trabajadores de la salud y pacientes, camioneros y mineros con el apoyo de diversas organizaciones sociales. La protesta social, como ya es costumbre en Colombia, se debate entre los señalamientos del gobierno sobre infiltraciones guerrilleras, una poco fiable información por parte de la prensa comercial influenciada por los intereses económicos y políticos de sus propietarios, las reclamaciones de los protestantes y los ya acostumbrados post en Twitter del líder de la ultra derecha y ex presidente Álvaro Uribe Vélez contra la izquierda colombiana y latinoamericana, demostrando así una sociedad polarizada.



Foto archivo de Internet.

Son varias las razones que conllevaron al Paro Nacional Agrario en Colombia, el movimiento ‘Dignidad Cafetera’, por ejemplo, argumenta que “el Gobierno no ha cumplido el acuerdo firmado en Pereira el 8 de marzo pasado”, mientras que el sector de la minería informal reclama del gobierno de centro derecha del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, una respuesta a sus peticiones presentadas el 14 de julio, que giran sobre sus exigencias de derogar o modificar el decreto 2235 de 2012 que autoriza a la Fuerza Pública a confiscar y destruir la maquinaria que se usa en la explotación de minas y canteras.

A las variopintas reclamaciones se suman las de los trabajadores de la salud, quienes aseguran que suspenderán todos sus servicios en los hospitales públicos a excepción de los de urgencias y emergencias, ante la falta de respuesta del gobierno a sus requerimientos en materia de formalización laboral y ajustes salariales.

El sector de la salud en Colombia, afronta una grave crisis debido al diseño de políticas de privatización de los servicios a través de una cada vez más cuestionada figura, las Empresas Promotoras de Salud o EPS, signadas desde tiempo atrás por la forma voraz e inhumana en que cumplen su papel de intermediarios de los recursos públicos destinados a la salud y más recientemente por escándalos de corrupción que mantienen al sistema al borde de la quiebra en perjuicio de los pacientes y de los trabajadores de la salud.

Por otro lado, en el sitio Web https://www.redcolombia.org/, se observa un comunicado datado en julio 30 de 2013, que expresa la situación “Somos hoy once millones de campesinas, campesinos, Afrodescendientes e indígenas unos 5.400.000 campesinos, 1.600.000 indígenas con 87 etnias equivalente al 3.4% de la población colombiana, y unos 4.000.000 Afrocolombianos que aun habitamos nuestros campos y nos resistimos a salir de él”, indicando que históricamente “Se nos aplica un modelo de saqueo, y destrucción de nuestros bienes naturales, un modelo de monocultivos, Megaproyectos, agronegocios, obras de infraestructura, turismo entre otras”.

El Coordinador Nacional Agrario de Colombia - CNA, enfatiza que “Hemos sentido y vivido también ante esta macabra política mencionada el despojo de nuestras tierras, millones de hectáreas concentradas en pocos dueños condenándonos al desarraigo la miseria el abandono y opresión”, y expresan que “Conocemos que la política aplicada mediante el terror de la muerte, el despojo de nuestras tierras, las leyes nocivas, la política de comercio internacional llámese TLCs, los agronegocios el desarraigo de nuestros territorios va conduciendo a que en Colombia exista en el futuro un campo sin campesinos, para que seamos empleados como trabajadores de mano de obra barata en las grandes plantaciones y agronegocios, negros e indígenas que cuiden los bosques, la producción de oxígeno y agua y sirvan como atractivo para mostrar ante el turismo de la salud que hoy se promociona ante el mundo”.

Así, de esa guisa, uno a uno de los sectores en paro, reclaman del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón una solución a sus graves problemas, mientras que la ultraderecha nacional, distanciada desde algún tiempo atrás del gobierno moderado de Santos, lo acusa, con claras intenciones electorales, de debilidad en el manejo de las protestas y se complacen en señalar como durante su gobierno se han presentado más protestas que durante el de su inmediato antecesor, el polémico líder de la extrema derecha radical, Álvaro Uribe Vélez, cuya administración de ocho años ha estado rodeada de escándalos de violación de los Derechos Humanos, especialmente de persecuciones contra sindicalistas y campesinos.

En el marco de ese contexto, el gobierno colombiano señala que el paro es manipulado por la guerrilla izquierdista que desde hace 50 años se enfrenta a los diferentes gobiernos, justamente, una de ellas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, sostiene diálogos de paz con el gobierno de Santos Calderón, en La Habana, en medio de la oposición de los sectores radicales de derecha que hasta hace poco solo veían el triunfo militar como única vía para alcanzar la paz en el país.

Para el Brigadier General Omar Rubiano Castro, la influencia de las FARC en el paro es algo evidente y señaló al respecto que "Hay campesinos a quienes les están exigiendo un estipendio de 40.000 pesos (15,67 euros) por la familia que no participe de la movilización para que esto logre satisfacer la demanda logística", y concluye reflexionando que esto "Es una flagrante violación, una extorsión a los campesinos".

El gobierno de Santos Calderón trató de negociar con los diferentes sectores para evitar el paro, pero sus ofrecimientos no pudieron evitarlo, tras lo cual advirtió que judicializará a quienes protagonicen disturbios, especialmente bloqueos en carreteras, para lo cual se movilizó una unidad especial de inteligencia y otra conformada por miembros de Dijín y Sijín con el fin de agilizar las judicializaciones a que haya lugar.

La Policía Nacional colombiana, anunció el despliegue adicional de 16.000 de sus efectivos, con la misión de “garantizar la seguridad durante las protestas”, y que fueron distribuidos en 29 unidades que reforzarán las policías metropolitanas, de departamentos y los municipios donde se escenifican las movilizaciones sociales.

También se anunció el despliegue de un contingente especial de 6.000 elementos policiales que serán destacados en las carreteras, con la misión específica de evitar bloqueos, mientras que, en algunas ciudades, incluida la capital, Bogotá, se decretó la Ley Seca.

Pese a esas medidas que parecen apropiadas para librar una guerra, las autoridades colombianas han enfatizado que respetarán el derecho constitucional de los ciudadanos a protestar y que solo intervendrán para evitar desmanes, turbaciones del orden público y los temidos bloqueos de carreteras, los que describen como un desconocimiento de los derechos ajenos. Ese es el mensaje entregado por el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, a los medios de comunicación.

Del lado de los protestantes, se han hecho diversos llamados a no estigmatizar las justas reclamaciones sociales de la ciudadanía, harta de años de incumplimiento de promesas y del empeoramiento de sus condiciones esenciales.

Mientras el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, tras una reunión en el Ministerio del Interior, decía que la protesta social no ha sido "de la magnitud que se esperaba", y agradeció a la ciudadanía "porque han venido colaborando de una forma muy constructiva para que las autoridades, el Gobierno y la Fuerza Pública puedan mantener y actuar bajo control", en el Valle del Cauca unas 21 personas fueron detenidas, entre ellas dos menores de edad, al supuestamente, estar involucradas en el bloqueo de la vía Buga-Tuluá, cuando, según fuentes policiales, cerca de 600 manifestantes intentaron bloquear la vía, por lo que fueron repelidos por el Esmad, (Grupo anti disturbios de la Policía), con colaboración del Ejército Nacional. En total unas 23 personas habrían sido arrestadas en todo el país.

Según el coronel Mariano Botero Coy, comandante de la Policía Valle, "A estas personas se les incauta una caneca de aproximadamente 25 galones, llena de pólvora negra, azufre y fósforo, lo cual es utilizado para hacer las famosas “papas explosivas”, [explosivos de bajo poder]. También se les decomisan 52 botellas plásticas con gasolina y 35 máscaras también hechas con botellas de plástico".

En el Valle, durante un choque entre policía y manifestantes, al menos cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos policías y dos civiles, mientras que, en el municipio de Segovia, Nordeste de Antioquia, manifestantes atacaron en la madrugada de este lunes la estación de policía, según reportes oficiales, con un saldo final de cinco policías y un civil herido.

En total, se adelantan 23 movilizaciones sociales en el país, 17 concentraciones y seis bloqueos en un total de 20 municipios de doce departamentos de los 32 en que se divide administrativamente Colombia, lo que significaría que casi la mitad del país estaría protestando en su gran mayoría en forma totalmente pacífica.

Con información de: https://www.elcolombiano.com, https://www.redcolombia.org, https://revistaelcongreso.com, https://www.elpais.com.co, https://www.elcolombiano.com, https://www.elespectador.com, https://www.eluniversal.com.co, https://www.cmi.com.co, https://www.europapress.es/, https://www.cubadebate.cu, https://www.telesurtv.net/.

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